PP, Cs y Vox aprueban el dictamen de la comisión de la Faffe: acusan a Chaves, Griñán y a Susana Díaz

La comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz en torno a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) está más cerca de su fin. Este lunes por la tarde los grupos de PP, Cs y Vox han aprobado la propuesta del dictamen para que finalmente sea votada en la Cámara andaluza. El trámite podría producirse en cualquier pleno a partir del 19 de abril.

La comisión, presidida por Enrique Moreno (Cs), considera responsables políticos de las presuntas irregularidades cometidas, por acción u omisión, a su ex director general Fernando Villén y a los expresidentes socialistas  Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.

Se trata de uno de los organismos públicos más conocidos a posteriori, cuando se cerró, al saltar a la opinión pública el destino de gran parte del dinero. Se creó en 2003 para el fomento del empleo y las condiciones sociales y laborales, la promoción de los sectores productivos y la cooperación con autoridades e instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Llegó a tener una plantilla de más de 1.000 trabajadores, reabsorbidos por el SAE, y manejó un presupuesto de 480 millones de euros con "un absoluto descontrol". Lo más llamativo fue el gasto de tres de esos millones en juergas, según recoge el dictamen, consultado por EL ESPAÑOL, y consta en el sumario de la causa que instruyó el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

En concreto, la Faffe gastó solo en cuatro años -entre 2008 y 2011- algo más de 3,1 millones en "prostíbulos, comidas gourmet pantagruélicas a base de exquisiteces y copas y discotecas, peajes, multas de tráfico, viajes todo incluido, hoteles con campos de golf o en comidas en casetas de feria", entre otros.

Queda también recogido que el mayor gasto en los clubs de alterne se produjo el 22 de marzo de 2010 a través de varias tarjetas bancarias. La ronda alcanzó los 15.000 euros el día en el que el expresidente José Antonio Griñán remodeló su gobierno. Entre 2004 y 2010 se localizan hasta 43 abonos con tres tarjetas en cinco prostíbulos. Son, al menos, 13 juergas que suman casi 32.000 euros. 

Camino del Parlamento

Tras tres años de trabajo, sesenta comparecencias -entre ellos Chaves y Susana Díaz-, y miles y miles de documentos, tras la votación de hoy, los grupos parlamentarios dispondrán de 15 días naturales para registrar, si lo consideran oportuno, votos particulares. Estos se debatirían junto a la propia propuesta de dictamen en el Parlamento andaluz.

Por los años en los que estuvo activa, señalan que Chaves "diseñó la trama" y Griñán "la mantuvo". A Díaz, que se convirtió en presidenta en 2013, la responsabilizan de obstaculizar la investigación y negar irregularidades en el Parlamento. Todo ello, pese a que la Cámara de Cuentas reveló en 2014 que "la fundación no había justificado 50 millones recibidos en subvenciones nominativas".

También responsabiliza en este sentido a los exconsejeros de su Gobierno a la actual ministra, entonces consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que nunca llegó a comparecer, y a los exconsejeros José Sánchez Maldonado, Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano. Estos dos últimos son diputados del PSOE-A.

El documento, que ha incluido las peticiones de los grupos, señala que las irregularidades en la Faffe fueron "una corrupción institucionalizada y vomitiva". Es más, argumenta que "nunca debió existir" porque su diseño se hizo en gran medida para "evitar controles y amañar contratos".

El dictamen, de 154 páginas de extensión, señala como principal responsable al exdirector Fernando Villén, también ex secretario general de Empleo del PSOE andaluz, y a todos aquellos que formaron parte del patronato de la Fundación, como los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio. Los dos primeros están condenados en el caso ERE.

En definitiva, la propuesta recoge que "no fueron hechos puntuales", sino "consecuencias previsibles de un descontrol institucionalizado".

A su vez, en su apartado de recomendaciones, plantea, entre otras cuestiones, incluir de forma expresa en la próxima reforma del Código Penal tanto la tipificación de la obligación de declarar ante las comisiones de investigación parlamentarias.

Investigación judicial

No obstante, esta cuestión ya la dirimirán los tribunales. De manera paralela, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, está investigando el proceso de contratación de 84 extrabajadores de la extinta fundación. Entre ellos, se encuentra Carmen Ibanco, la mujer de Juan Espadas, la cual ya reza como investigada.

También está a la espera de juicio el exdirector de la Faffe, para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de seis años de cárcel por delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad documental. Todo ello en relación con ese uso de varias tarjetas en distintos prostíbulos con fondos públicos.