En 2024. A dos años vista está fechando la Audiencia de Sevilla los juicios ante el colapso que está sufriendo ante las macrocausas de corrupción. En enero de ese año se sentará en el banquillo la excúpula de UGT en Andalucía por presuntamente defraudar 40 millones de euros de subvenciones concedidas por la Junta y desviarlos para otros fines.
Entre el 15 de enero y 19 de junio de 2024 serán juzgados el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla, otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical y diez representantes de empresas proveedoras, como cooperadores necesarios.
En un auto judicial, el juez señala que estas personas supuestamente falsearon facturas para desviar estos 40 millones de euros a gastos corrientes del sindicato, cuando tenían que ser destinados a la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado.
Estas 14 personas se sentarán en el banquillo por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de las supuestas facturas falsas.
También rezaba como investigado el ex secretario general del sindicato Manuel Pastrana, pero el juez instructor decretó el sobreseimiento de las actuaciones dada su "situación de incapacidad sobrevenida", así como con relación a otras siete personas, según informa Europa Press.
Entre cinco y siete años de cárcel
En el denominado caso de las facturas falsas, la Fiscalía Anticorrupción solicita para los exresponsables del sindicato entre cinco y siete años de prisión y multas de hasta 50 millones de euros, además que tener que hacer frente de manera conjunta a una fianza de 40,7 millones con el apercibimiento de embargo si no se procede a su abono.
Según el relato de los hechos que hizo el juez en el auto de transformación del procedimiento abreviado, entre 2009 y 2013 mediaron "procedimientos concertados" entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores. Su objetivo era facilitar, de una manera coordinada, al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias.
Para ello, incurrieron a la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que debería haber tenido, que era la práctica de acciones formativas a personal ocupado y desocupado.
Ya en el auto de apertura de juicio oral, el juez señalaba la "relación existente" entre los miembros de la antigua cúpula de UGT-A y la propia organización sindical, indicando así "la presunta responsabilidad civil subsidiaria" del sindicato. Por tanto, requirió a dicha entidad para que prestara esa fianza a fin de asegurar la responsabilidad civil que pueda derivarse de la causa.