La Fundación Andaluza Fondo para la Formación y el Empleo (Faffe) también tuvo supuestamente una caja B y tarjetas black. Creada en 2004 para gestionar los fondos públicos de formación, principalmente procedentes de Europa, es uno de los entes más conocidos de la Junta de Andalucía... y no precisamente por colaborar para que las listas de parados descendieran.
El que fue su director durante los siete años de vida de Faffe —desde 2004 a 2011—, el socialista Fernando Villén, llegó a manejar un presupuesto de 480 millones de dinero público y una plantilla de unos 1.500 empleados.
Por cumplir con sus funciones laborables cobraba hasta casi 80.000 euros anuales. Ahora, once años después, el juez le ha comunicado que lo sentará en el banquillo junto a la responsable de las cuentas de la entidad, A.V.
Villén tendrá que responder ante la Justicia, para lo que aún no hay fecha, por el desvío de hasta 72.252 euros de ese dinero público. Con ellos, se pagaron facturas en hoteles, peajes, restaurantes y, lo más llamativo, los servicios prestados en cinco prostíbulos andaluces por un total de 32.566 euros.
José Ignacio Villaplana, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6, mismo juzgado que instruyó el caso ERE, cree que hay indicios razonables para acusar a estos dos ex altos cargos por los delitos continuados de malversación y falsificación en documento oficial, de los que serán juzgados por un tribunal popular.
El desglose de gastos
Tras dar por cerrada la instrucción, considera que ambos convinieron crear y gestionar esa caja B para poder realizar estos gastos echando mano del erario público. De las diligencias practicadas se deduce que Villén pagó con tres tarjetas, de las seis que llegó a disponer, gastos realizados en varios establecimientos.
En El Corte Inglés (113,90 euros), en discotecas (136,10), en estaciones de servicio (216,39 euros), en hoteles (1.805,39 euros y 715,28 euros) y en taller de vehículos (173,79 euros). Las cantidades más abultadas fueron destinadas a peajes (11.200,24 euros), restaurantes (21.005,76 euros) y establecimientos donde se practica la prostitución.
El gasto total en cinco prostíbulos alcanzó los 32.566 euros. El 20 de octubre de 2004 se pagaron 1.948 euros en el Club don Angelo de Sevilla y, dos meses después, otros 830 euros en el mismo club; el 17 y 18 de mayo de 2005, 1.691 euros en el Top Show de Sevilla; el 24 de mayo de 2005, 900 euros en el mismo establecimiento; el 8 de noviembre de 2005, 780 euros en el club La Casita de Sevilla; el 7 de abril de 2006, 1.120 euros en la Sala De Luxe de Córdoba; el 9 de abril de 2006, 270 euros en el mismo club.
También el 26 de marzo de 2008, 2.000 euros en el club Don Angelo de nuevo, cuya historia contó aquí EL ESPAÑOL; el 11 de abril de 2008, 1.931 euros en el Club Bahía 2 de Chiclana de la Frontera (Cádiz); el 3 de junio de 2008, 3.106 en el Club don Ángelo; el 10 de julio de 2008, 2.656 en el mismo club, y el 22 y 23 de marzo de 2009 fueron 14.737 euros también en el mismo local.
¿Cómo lo hacían?
¿Y cómo lo hacían? Por la instrucción realizada, el juez cree que Villén desvió, durante años, fondos públicos mediante el pago de tarjetas bancarias. Después, con la ayuda de la directora financiera, amañaba las cuentas para simular un reintegro en metálico de las cantidades.
El titular del juzgado señala que, para aparentar las devoluciones, ambos acusados habrían simulado el retorno de anticipos, dietas, gastos, viajes... Incluso llegaron a añadir una factura falsa con fecha 18 de abril de 2008, que habría sido emitida bajo el concepto "comida de coordinación de proyecto". Su importe ascendía a 2.514,50 euros.
Para este amaño, el juez cree que los acusados habrían utilizado la caja de la dirección económica financiera de la Faffe, simulando supuestas reposiciones en metálico de aquellas disposiciones ilícitas que, en realidad, eran inexistentes. Así conseguían camuflar estos gastos como ingresos en la caja central, para su posterior inclusión
como tales en la contabilidad.
A Fernández le pesan hoy día dos condenas. Una primera de siete años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por 19 años por malversación y prevaricación por el caso ERE. Y una segunda de siete por las ayudas concedidas a la empresa envasadora de aceitunas Acyco.
En su declaración en el juzgado, Villén intentó hacer creer que el dinero que pagó en estos locales salió de su propio bolsillo, después de haber utilizado las tarjetas de la Faffe "por error". Por todos estos hechos, la Fiscalía le pide seis años de prisión.
Pero no es esta causa la única abierta en relación con la Faffe. El mismo juez está investigando las irregularidades en la contratación de 84 trabajadores. Entre ellas se encuentra Carmen Ibanco, la mujer del líder del PSOE andaluz, Juan Espadas.
Esas 84 personas fueron las señaladas por el Sindicato Andaluz de Funcionarios en la denuncia que formularon en 2018 como sospechosas de haber sido fichadas por sus vínculos personales y políticos con el PSOE, cuando gobernaban los socialistas en la Junta.
Entre ellos, además de la mujer de Espadas, están la mujer, la cuñada, un hermano y un sobrino de Villén; dos sobrinas de Gaspar Zarrías, exsecretario de Estado de Cooperación Territorial y exconsejero de la Junta, también condenado por el caso ERE, y otros dirigentes socialistas que habían perdido las alcaldías en sus localidades.
El inicio de campaña
Aunque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, aún no ha anunciado la fecha de las elecciones, se prevé que se adelanten al próximo mes de junio. Por tanto, el desvío de estos gastos de la fundación Faffe marcará el inicio de esta campaña.
En la última, el mismo día que la expresidenta Susana Díaz disolvió el Parlamento, Moreno, entonces como candidato del PP, comenzó su particular campaña en la puerta del club don Angelo. Allí dio a conocer el informe de la Guardia Civil, que ya señalaba este gasto de dinero público en cinco prostíbulos.
Si no disuelve el Parlamento antes del próximo miércoles y el pleno previsto para el 27 y 28 de abril sigue adelante, la Cámara andaluza aprobará el dictamen de la comisión de investigación de esta fundación y considerará oficialmente que los expresidentes Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, han sido responsables políticos de estos hechos. Algo que también saldrá a relucir más de una vez durante la campaña.