La carne mechada, de La Mechá, distribuida por Magrudis.
Las indemnizaciones por la listeria, más cerca: la juez ve "responsable civil" al Ayuntamiento de Sevilla
El juzgado procesa a los dueños de Magrudis y a una veterinaria municipal por la listeriosis que mató a cuatro personas en 2019.
29 junio, 2022 17:45El 'caso Magrudis' ha dado un paso importante. El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha concluido la investigación del mayor brote de listeriosis detectado en España. Fue en el verano de 2019, murieron cuatro personas que habían consumido carne 'La Mechá' elaborada por la citada empresa, casi 250 fueron intoxicadas y seis mujeres sufrieron abortos.
La única esperanza que les queda a los afectados es cobrar las indemnizaciones cuando finalice el juicio y hoy tienen más esperanzas. De cara a la vista judicial, la instructora ha declarado "responsable civil" al Ayuntamiento de Sevilla por "una actuación deficitaria y anormal", y a la aseguradora AXA. Los empresarios se declararon insolventes y sus bienes embargados apenas superan los 30.000 euros.
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En este mismo auto la juez ha procesado a los máximos responsables de la empresa, José Antonio Marín Ponce y sus hijos Sandro y Mario José Marín Rodríguez, y a su mujer, Encarnación R.J., encargada de la producción y puesta en marcha del sistema de autocontrol.
También al arquitecto técnico Sergio L.G.; a David M.M., economista y asesor financiero de Magrudis, y María José O.B., inspectora veterinaria municipal.
A cinco de ellos les imputa un delito contra la salud pública en concurso ideal con cuatro delitos de homicidio imprudente, seis de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 244 delitos de lesiones por imprudencia grave, según reza en el auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia, consultado por EL ESPAÑOL.
Sobre el papel del Ayuntamiento, cuando lo gobernaba el actual secretario general del PSOE, Juan Espadas, la instructora considera que se habría llevado a cabo "una actuación deficitaria y anormal del servicio público" que se debe prestar por parte de dicho Consistorio.
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La actuación de la veterinaria procesada
La juez se centra en la actuación de la veterinaria procesada. Asegura que ésta puntúa a la baja y omite algunas puntuaciones, no recoge muestras de productos, ni comprueba las superficies, ni verifica muestras del ambiente interior. En concreto, señala que "no comprueba de forma exacta si la instalación reúne las condiciones".
Todo ello, a pesar de estar obligada a evaluar todos los apartados del sistema de puntuación, valorando el riesgo potencial, el nivel de cumplimiento, la confianza en la gestión y el sistema de autocontrol e historial de la empresa.
Su situación implica que no vuelva a realizar ninguna otra inspección, conllevando su posible responsabilidad criminal por los hechos investigados.
Una furgoneta de la empresa de Magrudis en la entrada de su nave.
De igual forma, la magistrada acuerda continuar el procedimiento contra Sandro José M.R., José Antonio M.P. y Sergio L.G. por un presunto delito de falsedad en documento oficial. También contra David M.M., José Antonio M.P., Sandro José M.R., Encarnación R.J y Mario M.R., por un delito leve de defraudación del fluido eléctrico.
La juez acuerda además el archivo de las actuaciones respecto de otros cuatro investigados y da traslado de la causa a la Fiscalía y, en su caso, a las acusaciones personadas. En un plazo de diez días podrán solicitar la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
Malas prácticas de Magrudis
En concreto, la juez archiva la causa contra Antonio y Domingo M.L. Considera que no tuvieron connivencia alguna con Magrudis ni intervinieron en el proceso de elaboración de los productos que esta entidad producía y distribuía.
También la archiva respecto a Federico R.D., quien nunca estuvo asociado a la empresa Magrudis, limitándose a vender sus productos como comercial, y a Isabel R.J., responsable de facturación y contratación de trabajadores.
En el auto, la juez indica que las actuaciones fueron incoadas en virtud de un atestado de la Guardia Civil, que inició la operación denominada 'Monocy'. En ella se investigaban una serie de actividades ilícitas mediante las que se "pondría en la cadena comercial de alimentos para personas carne procesada con presencia de listeria monocytogenes en concentraciones que la harían inadecuada para consumo humano".
El informe lo achacó a "una mala praxis" por parte de la empresa en la manipulación y transformación de los productos cárnicos, que derivó en la emisión de una alerta sanitaria a nivel nacional y europeo por parte de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Salud Pública.
La instructora asegura además que la propagación del brote se debió a "la poca transparencia" de Magrudis. La empresa no comunicó desde el primer minuto los tipos de productos elaborados, los distribuidos y los lotes de cada uno de ellos, lo que dificultó su retirada del mercado.
Otro arista del caso son los gastos generados por el brote de listeriosis en la sanidad pública. Al menos, los ocasionados por los servicios prestados por los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena ascienden a unos 800.000 euros aproximadamente.
