La rebaja fiscal en Andalucía, con la que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha liderado el debate nacional al respecto, ya es una realidad en Andalucía.
El Parlamento ha dado luz verde al decreto ley de medidas que incluye una deflactación de los primeros tramos de la tarifa autonómica del IRPF, la suspensión del canon del agua durante 2023 y la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio.
No se esperaban sorpresas respecto a su aprobación porque ha salido adelante a merced a la mayoría absoluta del PP-A y con el apoyo de Vox. En contra han votado y se han pronunciado desde el PSOE andaluz, Por Andalucía y las dos diputadas del grupo mixto-Adelante Andalucía. A juicio de los socialistas, se trata de "un festín para los ricos" y dejar "migajas para los pobres".
El PSOE andaluz no ha cambiado su postura desde que Moreno hizo el anuncio la pasada semana ni tras el giro que ha dado la Comunidad Valenciana al apuntarse también a la rebaja de impuestos, un cambio de guion que ha cogido por sorpresa al propio Gobierno y que también podrían seguir otros barones socialistas.
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La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha defendido el decreto para su aprobación. Respecto a la deflactación del IRPF, ha asegurado que esta medida beneficiará a todos los contribuyentes, pero de manera especial a los que tienen rentas medias y bajas. El 82% de los contribuyentes andaluces tributa dentro de los tres primeros tramos del IRPF, que son los que se van a deflactar.
Sobre la bonificación del 100% de la cuota del impuesto sobre el Patrimonio, el objetivo de esta medida es atraer a nuevos contribuyentes hacia Andalucía y que esta comunidad autónoma se convierta en la residencia fiscal de un mayor número de ellos.
Por último, el canon del agua va a suponer un ahorro global estimado de 140 millones de euros para familias y empresas, y no va a afectar a la ejecución de las infraestructuras hidráulicas en marcha.
Por otro lado, el decreto ley convalidado contempla también el incremento del plazo máximo para aplazamientos y fraccionamientos de las deudas contraídas por ciudadanos, empresas e instituciones con la Junta de Andalucía, hasta doce años con carácter general.
La Junta "recaudará más"
La consejera se ha detenido durante su intervención en defender que, pese a la rebaja fiscal que contempla este decreto, la Junta recaudará "más" porque habrá más contribuyentes y más actividad económica en general, sin suponer recortes en los servicios públicos.
Y ha lanzado un aviso: la normativa convalidada "no es un punto y final", sino que avanza por la senda de la reforma fiscal ya iniciada en 2019. Es decir, que todavía queda margen para "seguir mejorando la fiscalidad" en la comunidad autónoma, ha subrayado.
En el turno de intervenciones de los grupos, el diputado del PSOE-A Gaspar Llanes ha criticado "la falta de pertinencia" de este decreto, que supone "un festín para los ricos" y dejar "migajas para los pobres" con estas rebajas fiscales. A su juicio, éstas supondrán "menos recaudación e inversiones públicas y más desigualdades".
En representación de Por Andalucía, la portavoz parlamentaria, Inmaculada Nieto, ha manifestado que este decreto es "tremendamente injusto, muy irresponsable y tiene una tremenda carga dogmática".
También ha acusado además al Ejecutivo autonómico de entrar en un "dumping fiscal" en España. Mientras que la presidenta del grupo mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha tildado de "populistas" las medidas que contempla este decreto porque "van a beneficiar a un 1% de los más ricos de Andalucía".
Vox ha votado a favor, pero el portavoz adjunto, Javier Cortés, ha manifestado que estas medidas son "insuficientes". Sin embargo, espera que sirvan algo para afrontar la coyuntura económica actual.
Por último, y frente a estas críticas de la oposición, el diputado y secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha felicitado al Gobierno andaluz y ha lamentado que parece que a "algunos les molesta que el PP esté trabajando por sacar a Andalucía del vagón de cola en el que algunos la dejaron".