El fraude de los cursos de formación va camino de convertirse en otra china en el zapato para el PSOE andaluz. La semana pasada, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla procesó a los exconsejeros de Empleo de la Junta, Manuel Recio y Antonio Fernández. Este último suma la mayor condena por el caso ERE y está investigado en otras piezas.
En el auto, consultado por este periódico, el juez detalla que presuntamente estos dos ex altos cargos permitieron que hasta 33 millones de euros acabaran en el entramado de sociedades montado por otro exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, ya fallecido, que se reconvirtió en empresario de los cursos de formación tras su paso por el Gobierno andaluz en los años 90.
Según el juez, parte de ese dinero, cuyo destino era la formación a los extrabajadores de Delphi en la Bahía de Cádiz cerrada en 2007, acabó en cuentas de bancos Luxemburgo, de las que era último beneficiario el propio Ojeda.
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Pero queda mucha tela que cortar. La causa principal comenzó en 2015 con la detención de los ocho delegados de Empleo a raíz de la investigación por parte de la jueza Mercedes Alaya de casi una veintena de ex altos cargos socialistas. La misma la archivó la jueza María Núñez Bolaños, a petición de la propia Fiscalía Anticorrupción, pero en 2019 la Audiencia de Sevilla la reabrió y sigue investigándose.
En aquellos años Alaya puso el punto de mira en la falta de control en las ayudas públicas y la creación de redes clientelares que recibían subvenciones supuestamente para dar estos cursos de formación a desempleados, que en muchos casos no existían.
La declaración de Javier Guerrero
En un principio se habló de una estafa en el reparto de 3.000 millones de euros de dinero público destinado a estas ayudas. En 2013, en una de sus declaraciones fue el propio ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, uno de los brazos ejecutores de los ERE, quien le habló de estas cantidades.
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Le indicó que su hucha, bautizada como el fondo de reptiles y de los que se defraudaron los famosos 680 millones de euros, era escasa comparado con el dinero destinado a los cursos de formación. Si él tenía de media, según dijo, a su disposición 54 millones de euros para repartir, la formación disponía de 290 millones al año, cinco veces más, lo que se convirtió en otro foco de corrupción.
Las causas pendientes
Además de la causa principal, hay varias pendientes, que se siguen investigando en el Juzgado de Instrucción número 6 y que se irán juzgando una a una, al igual que las más del centenar que quedan de los ERE. Otras se han archivado.
Ciudadanos hacen cola en las puertas de una sede del Servicio Andaluz de Empleo en una imagen de archivo.
La otra gran pata de este supuesto fraude está en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) por las contrataciones supuestamente irregulares que realizó por importe de 9,4 millones de euros.
El que fue su director durante los siete años de vida de Faffe —desde 2004 a 2011—, el socialista Fernando Villén, llegó a manejar un presupuesto de 480 millones de dinero público y una plantilla de unos 1.500 empleados.
Villén tendrá que responder ante la Justicia, para lo que aún no hay fecha, por el desvío de hasta 72.252 euros de ese dinero público. Con ellos, se pagaron facturas en hoteles, peajes, restaurantes y, lo más llamativo, los servicios prestados en cinco prostíbulos andaluces por un total de 32.566 euros a través de una caja B y tarjetas black.
Otras de las causas pendientes es la del ex número 2 del PSOE andaluz, Rafael Velasco, con el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, condenado por el caso ERE, como secretario general.
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En octubre de 2010, Velasco dimitió de su cargo orgánico, dejó el escaño autonómico y abandonó la política en un momento convulso para el PSOE andaluz. A los tres meses la jueza Alaya se abrió la investigación del caso ERE.
Su salida se produjo al salir a la luz que una academia que regentaba su mujer había recibido durante cuatro años hasta 730.000 euros de la Junta de Andalucía para impartir cursos de formación. Esta cantidad representaba el 90% de su facturación, según informó El Mundo.
Pero la causa no se abrió hasta años después, tras destaparse la principal. El último movimiento judicial se produjo a principios el pasado mes de enero cuando el juez acordó investigar a varios de sus familiares -su esposa, dos cuñadas y su hermano-, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación.
Todo ello, tras años de parálisis por el carpetazo que también le dio al caso la jueza Núñez Bolaños y que fue reabierto por la Audiencia. En esta causa ya figuraba como investigado el citado exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
Otra pendiente es la del empresario J.María P.G., tras recibir supuestamente cuatro subvenciones para la realización de acciones formativas, una de ellas por un máximo de 400.000 euros.
Los consorcios
Otros entes investigados fueron los consorcios de formación, como es el caso del CTI de la localidad gaditana de San Fernando. El juez que heredó este caso de Alaya sigue investigando los 6,5 millones en subvenciones que recibió este centro y que utilizaba a la citada Faffe para que impartiera cursos.
Otra causa ya juzgada y que se encuentra en el Supremo es la del consorcio Formades en Almonte, donde se impartían cursos relacionados con el mundo ecuestre.
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El pasado mes de junio, la Audiencia de Sevilla condenó a cuatro años y medio de prisión a su directora gerente, y exconcejala socialista, por desviar casi un millón de euros de ayudas públicas para contratar irregularmente a familiares o sufragar su reinado como Melchor en la cabalgata de la localidad en 2009, entre otros gastos.
Ana María O.E (a la izquierda) encarnando al rey Melchor en Almonte en 2009.
La Junta reclama el dinero
Por su parte, el Gobierno andaluz, tras reclamar 245 expedientes que tenía pendiente, comenzó en la anterior legislatura a reclamar la devolución de 198 millones de euros procedentes de estas subvenciones que no se destinaron a los fines previstos, según han informado a este periódico desde la Consejería de Empleo.
Entre ellos figuran varios de la federación andaluza de UGT, que alcanzan los 40 millones. Esta reclamación está pendiente de juicio de la excúpula del sindicato. Arrancará en enero de 2024 por presuntamente defraudar esa cantidad de subvenciones concedidas por la Junta y desviarlos para otros fines.
Tras ocho años de parálisis, en abril de 2021 la Junta puso en marcha un nuevo sistema que opta por las licitaciones públicas para impartir cursos de formación a desempleados. Todo ello después de que la expresidenta Susana Díaz los paralizara en plena instrucción de los ERE y en una etapa crítica para el PSOE andaluz.