Ricardo Puyol es juez de carrera desde hace más de 20 años, conoce la corrupción de cerca y, desde hace uno, dirige la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.
Su principal función es investigar e inspeccionar los actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de estos tipos de delitos o de cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros, algo a lo que ya obliga por ley la Unión Europea.
De hecho, las comunidades que no la tienen aún en marcha "incumplen con la legalidad internacional", asegura Puyol, quien fue elegido por tres quintos de la Cámara andaluza por cinco años no renovables.
Como magistrado conoce bien el paño. Se ha visto en la tesitura de tener que enfrentarse a varios de estos casos, sobre todo en su etapa en Marbella entre los años 2007 y 2011, coincidiendo con el peor periodo de eclosión de causas de corrupción en dicho municipio.
Este organismo fue impulsado por Ciudadanos y puesto en marcha en la anterior legislatura en el marco de la Ley contra el Fraude y la Corrupción y Protección de la Persona Denunciante. La norma fue aprobada en junio de 2021 sin votos en contra.
No obstante, lleva en pleno funcionamiento desde el pasado mes de septiembre por el parón que supusieron las elecciones autonómicas y porque ha habido que dotarla de personal funcionario y de reglamento.
El exvicepresidente de la Junta Juan Marín quiso aprobar la norma durante el mandato anterior con Susana Díaz en el Gobierno, pero no fue posible. De hecho, fue una de las razones que esgrimió Ciudadanos para oficializar la ruptura con el PSOE.
Sin embargo, contar con esta ley y con este organismo ya no es una opción, sino que es una política clara que impone tanto Naciones Unidas como la propia Unión Europea.
"Tenerla es absolutamente imprescindible", asegura Puyol en conversación con EL ESPAÑOL. Por el momento, las únicas que ya poseen este organismo en funcionamiento son Cataluña, Valencia, Baleares, Navarra y Andalucía, la mayoría de ellas con sonados casos de corrupción en sus espaldas.
Por tanto, el anterior gobierno de PP y Ciudadanos lo que hizo fue cumplir la ley, sostiene el director de la Oficina. En el caso de Madrid es municipal al estar creada por el Ayuntamiento de la capital.
Las denuncias
En apenas un mes y medio ha recibido casi 20 denuncias, lo que denota el trabajo que le queda por delante y a los diez funcionarios que la conforman. Tanto, que ya necesitan un mayor espacio físico para poder trabajar.
El director de la oficina Antifraude andaluza, Ricardo Puyol, en su despacho.
La mayoría de las recibidas procede de ayuntamientos y delegaciones provinciales de la Junta y están relacionadas con presuntas infracciones urbanísticas, en materia de contratación pública y económico financiera. Puyol no puede desvelar los motivos de las mismas, pero sí que en dos o tres casos van a iniciar su tramitación.
El proceso es el siguiente. Una vez recibida la denuncia en su sede en el Parlamento andaluz, la Oficina recaba los informes, realiza una comprobación y una segunda evaluación. Si considera que existe materia infractora, lo lleva a examen y emite una resolución final. Si contrasta la infracción, lo eleva a la autoridad de la institución que se trate y, posteriormente, a la Fiscalía.
[Andalucía, contra la corrupción: habrá más interventores y se busca recuperar parte de los ERE]
La misma dispondrá de 30 días de plazo tras recibir una denuncia y abrir un periodo de actuaciones previas para acordar el inicio de una investigación al respecto o dictar una resolución de archivo.
Otra de las funciones clave es su carácter pedagógico, formativo e informativo con la elaboración de códigos de buenas prácticas. Todo ello con el objetivo de potenciar la actuación de carácter preventivo más que con carácter represivo.
El fin es servir de canal de denuncia a los andaluces, con especial protección a los empleados públicos, a los que garantizará la confidencialidad, asesoramiento jurídico y psicológico, y la posibilidad de solicitar un traslado de su puesto a otro similar.
Evitar el 'caso ERE'
Además, una cuestión en la que hace hincapié Puyol es que las coacciones a los denunciantes y personal de la oficina, así como la obstrucción a su labor, podrá ser sancionado con multas de entre 300 y 100.000 euros.
Teniendo en cuenta la función que desempeñará, su director está convencido de que si este organismo se hubiera puesto en marcha en Andalucía a principios de siglo, el caso ERE, por el que están condenados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, "se podría haber evitado".
Cree que si en aquel momento hubiera existido un organismo de este tipo, bien armado y con funciones plenamente desarrolladas, hubiera facilitado ofrecer protección a las personas que tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Y a la vez facilitar la labor a la Justicia.
En cualquier caso, considera que el caso ERE ha podido producir un efecto disuasorio en la política, que es realmente para lo que sirven las condenas.
Sobre todo porque la corrupción es un delito que produce un efecto de desconfianza hacia las instituciones muy difícil de reparar. Más cuando en los últimos años se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. De ahí, insiste Puyol, la importancia de la puesta en marcha de esta Oficina contra el Fraude y dar a conocer sus funciones a los andaluces.