Una 'púnica andaluza' con actores distintos, pero con una historia similar. La Audiencia Nacional está juzgado a 13 acusados, entre empresarios, antiguos cargos políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla, principalmente del PSOE y de IU por el cobro de 'mordidas' a cambio de la adjudicación de contratos a la empresa Fitonovo. De ellos, diez han confirmado los hechos.
El juez instructor calculó que el PSOE se habría beneficiado de 159.839,36 euros e IU de 155.000 euros, procedentes de comisiones de la citada constructora por las adjudicaciones que iban a parar a las arcas de ambos partidos. En ocasiones, llegaban los billetes en cajas de zapatos.
De esto hace casi 20 años, cuando en el Consistorio hispalense gobernaba el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín en coalición con Antonio Rodrigo Torrijos (IU). Se trata del cuarto juicio del caso Madeja, cuya investigación partió del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, del que era titular la jueza Mercedes Alaya.
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En concreto, en la primera jornada un exconcejal y un ex alto cargo del Ayuntamiento confesaron que recibieron sobornos a cambio de adjudicaciones y que, además, parte de ese dinero acabó en las arcas del partido. El propio PSOE de Sevilla lo ha negado. Desde el partido creen que "vierten estas acusaciones falsas" contra la formación "con el fin de obtener ventajas jurídicas", en alusión a la rebaja de penas.
Ambos llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para lograr una rebaja desde los cinco años y medio de cárcel a menos de un año y de los más de 4.000 euros en multas a menos de la mitad. Todo ello al apreciar las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas.
Tres que defienden su inocencia
Los tres que persisten en su inocencia son los exconcejales de IU Antonio Rodrigo Torrijos -que fue teniente de alcalde- y José Manuel García, además del exedil del PP Joaquín Peña.
En la segunda sesión José Manuel García, quien fuera concejal delegado de Juventud y Deportes y Casco Antiguo, se ha desmarcado ante el juez de las adjudicaciones investigadas y ha negado "relación" con otro acusado también miembro de IU que ha reconocido los hechos por prevaricación y cohecho. Sin embargo, según el Ministerio Público, Fitonovo pagó a la formación de izquierdas hasta 155.000 euros para financiar la campaña electoral.
Por su parte, Joaquín Peña, exconcejal del PP y director general de Medio Ambiente en la etapa de Juan Ignacio Zoido en la Alcaldía, también ha negado los hechos. La Fiscalía lo acusa de favorecer a una de las empresas que realizaron las obras, cuyo administrador era amigo suyo, uno de los diez acusados que llegaron a un acuerdo con el Ministerio Fiscal. También se ha desligado de Fitonovo.
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Peña ha detallado el procedimiento administrativo que siguen los contratos públicos, pero ha hecho hincapié en que sólo impulsó dichos procedimientos, ya que las adjudicaciones de los contratos mayores eran de la junta de gobierno local.
Este miércoles continuará el juicio y declarará el ex teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, acusado de cohecho por lo que se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel. No obstante, su defensa se agarra a la vía de la prescripción de los hechos para intentar evitar su condena.
Las reacciones políticas por este caso no se han hecho esperar. El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, cree que los hechos suponen "otra prueba irrefutable más" de la utilización corrupta que el PSOE de Andalucía hizo de la Administración durante décadas y "a todos los niveles en beneficio propio".