Mientras el expresidente de la Junta José Antonio Griñán sigue a la espera de que la Audiencia decida si aplaza tres meses su ingreso en prisión, el caso ERE suma un nuevo hito.
Por primera vez uno de los empresarios procesados por recibir ayudas con cargo al denominado fondo de reptiles ha aceptado su pena y no irá a juicio. Sería la sexta vista oral del centenar que queda pendiente de celebrar.
J.B.C. ha reconocido los hechos, ha asumido la pena pactada entre las partes y se ha comprometido a devolver a la Junta de Andalucía la ayuda de 120.000 euros que percibió la empresa que regentaba.
Se trataba de Picos Yeyé y Cohollero, radicada en la localidad gaditana de Puerto Real y dedicada a la fabricación, comercialización y venta de productos de panadería, bollería y pastelería. El responsable ha reconocido que recibió esa ayuda, pero en el acuerdo se ha hecho constar que no obtuvo lucro personal.
Inicialmente, la Fiscalía reclamaba para este empresario dos años y nueve meses de cárcel y siete años de inhabilitación especial para desempeñar cargo o empleo público. Tras asumir los hechos, su condena ha sido reducida a un año y seis meses de cárcel y al pago de esos 120.000 euros.
El empresario J.B.C. solicitó en julio de 2008 un ERE respecto a nueve empleados de la entidad, con la finalidad de suprimir uno de los tres turnos de fabricación, explica la Fiscalía en su escrito. Los motivos eran la falta de pago de las facturas de su principal cliente, la paralización inmediata de los pedidos pendientes de fabricar y la necesidad de reducir la producción.
Aunque la Junta de Andalucía disponía de subvenciones y ayudas públicas amparadas en la ley autonómica 5/83, el empresario sabía que podía obtener fondos públicos al margen de los procedimientos legalmente establecidos. Lo tramitó a través del director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, condenado a prisión por el caso ERE.
Al margen de la ley
Este ex alto cargo, según Anticorrupción, contraviniendo de "forma clamorosa" los intereses generales, le concedió esta ayuda con el conocimiento y beneplácito de sus superiores (Agustín Barberá como viceconsejero de Empleo y Antonio Fernández como consejero, también condenados por el caso ERE). Todo ello, sin que llegara a acreditarse en ningún caso el fin público de su aplicación y al margen de cualquier procedimiento legalmente establecido.
Sin tramitar expediente alguno, y sin siquiera existir solicitud formal de la ayuda por parte de la mercantil beneficiaria, en diciembre de 2008, Juan Márquez, tramitó la concesión de este montante a sabiendas de que el dinero público procedente de esa partida presupuestaria no iba a ser controlado por órgano fiscalizador alguno. Lo hizo "sin competencia delegada para la concesión y ordenación de su pago y sin existir resolución de concesión de la ayuda".
Todo ello, tras suscribir con el director general de la Agencia IDEA Jacinto Cañete un convenio de colaboración por el que se formalizaba el otorgamiento de ayudas a los trabajadores de la citada empresa. Este ex alto cargo también fue condenado a ocho de inhabilitación por el caso ERE.
El empresario, según la Fiscalía, era conocedor de que en la decisión y disposición de los fondos de la Junta de Andalucía se había prescindido injustamente del procedimiento legalmente establecido. El Ministerio Público asegura también que no se tramitó ningún procedimiento para conceder la ayuda, ya que no existió solicitud previa por su parte, ni se le exigió el cumplimiento de ningún requisito.
Es más, el escrito de acusación avisa de que al empresario tampoco le fue requerido que justificase el destino de los 120.000 euros recibidos en concepto de ayuda pública.