El Gobierno central y la Junta de Andalucía han vuelto a chocar. Esta vez ha sido por el recurso que interpondrá el Ejecutivo de Pedro Sánchez al Tribunal Constitucional contra el decreto-ley de la Junta sobre la revisión de precios de las obras públicas.
Tras acordarlo en Consejo de Ministros, en concreto el recurso será intespuesto contra determinados preceptos del citado decreto que acordó medidas en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras. Todo ello, en desarrollo de las medidas que había previsto, a su vez, el Gobierno.
El Ejecutivo de Sánchez lo justifica al considerar que la iniciativa de Andalucía busca extender la aplicación de esta revisión prevista por el Gobierno a otros contratos y a otros supuestos no contemplados en el decreto del Estado. A su juicio, la Junta con este decreto "no sólo plantea una lesión competencial sino el riesgo de infringir el derecho de la UE".
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Sin embargo, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, lo considera "una zancadilla más del Ejecutivo". "Es un chasco y un jarro de agua fría para la economía andaluza y el sector de la construcción", insiste.
Por ello, el Gobierno andaluz va a solicitar la convocatoria de la Comisión Bilateral entre Junta y Estado ante esta decisión que "puede paralizar proyectos muy importantes", no sólo del Gobierno andaluz, sino de ayuntamientos y diputaciones.
"Vamos a seguir insistiendo y convenciendo de que ese decreto es absolutamente necesario para no paralizar la obra pública en Andalucía", ha subrayado la titular de Fomento.
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A su vez, ha pedido al Ejecutivo central que asuma el articulado del mismo para poder contemplar la diversidad de contratos que pueden verse afectados en la comunidad.
Además, asegura que el Gobierno de España aprobó "un decreto que llegó tarde, sin escuchas a las comunidades, y del que el 95% de las obras licitadas en Andalucía se quedaban fuera".
Por ello, argumenta, lo que hizo la Junta fue legislar por decreto para que esas obras que quedaban excluidas se pudieran contemplar sin afectar a los proyectos, el empleo y las empresas.
Abogados de la Junta manifestaron "sus dudas"
Andalucía no será la única comunidad por la que el Gobierno elevará este recurso al Tribunal Constitucional. También recurrirá un decreto similar a la comunidad de Aragón, gobernada por el socialista Javier Lambán.
Según informa Europa Press, el gabinete jurídico de la Junta puso de manifiesto sus "dudas" relativas a la competencia de la comunidad a la hora de aprobar normas con rango de ley que puedan no respetar, o sobrepasar, la legislación básica del Estado en esta materia.
"Se trata de una cuestión cuyo conocimiento privativo correspondería, en su caso, al Tribunal Constitucional", sostuvieron los juristas de la Junta de Andalucía en su razonamiento.