La exconsejera andaluza Carmen Martínez Aguayo, primera condenada de los ERE que entra en prisión

Carmen Martínez Aguayo, la que fuera viceconsejera primero y después consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013, ha sido la primera condenada por el caso ERE que ha entrado en prisión. 

La entrada en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se produjo este miércoles para cumplir la condena de seis años que le ha sido impuesta por un delito de malversación, según han confirmado fuentes judiciales a este periódico.

La exconsejera, la única mujer condenada y médico de profesión, no ha esperado a agotar el plazo de diez días que le dio la Audiencia a los condenados por el caso ERE para su ingreso voluntario en la cárcel y que culmina el próximo 1 de enero, ha adelantado el diario ABC.

En la sentencia, el Tribunal Supremo destacó el papel central de la exconsejera "en la elaboración de las normas presupuestarias" y el "muy importante" caudal de información que poseía sobre la ejecución del presupuesto y sus desviaciones.

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Aguayo fue una de las autoridades que recibió el informe de la Intervención General de la Junta relativo a las ayudas sociolaborales pagadas por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en el ejercicio de 2003. Ese informe es clave porque puso de manifiesto la ilegalidad del mecanismo presupuestario articulado para el pago de esas subvenciones.

Pese a ello, y con conocimiento de los incumplimientos de la normativa vigente, según sentenció el alto tribunal, Martínez Aguayo no modificó junto con el resto de autoridades competentes, en ningún extremo, el proceder de los ejercicios anteriores.

"Indebida disposición de fondos"

Sostuvo además que intervino en la tramitación y aprobación de los distintos anteproyectos de ley de presupuestos de 2005 a 2009, así como en la aprobación de distintas modificaciones presupuestarias de ese mismo período de tiempo, dando lugar a "la indebida disposición de fondos públicos".

También fue receptora de posteriores informes de la Intervención en los que se repetía la constatación de irregularidades que, por su gravedad, "no podían pasar desapercibidas", dice el Supremo.

Además, Aguayo era miembro del Consejo Rector de IDEA, el organismo sucesor del IFA. A través del IFA y de IDEA se distribuyeron los fondos mediante un artificio presupuestario que buscaba eliminar los controles de legalidad y gracias al cual se entregaron ayudas por importe de casi 680 millones de euros al margen de los requisitos legales.

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Entre otras, asistió a la sesión del Consejo Rector de 22 de julio de 2004 en la que se aprobaron las cuentas correspondientes al ejercicio de 2003 y en las que se hizo constar la existencia de un desfase presupuestario de 38 millones de euros derivado de las ayudas de los ERE comprometidas por la Dirección General de Trabajo.

El déficit fue reiterado y así se hizo constar en los informes de cuentas anuales del IFA/IDEA y en los informes de auditoría, pero el mecanismo no se modificó.

Martínez Aguayo está a la espera de la tramitación del indulto que solicitó al Gobierno. En su escrito, cuestionó la necesidad de cumplir su pena de prisión al considerar que las penas privativas de libertad tienen que estar orientadas hacia la reeducación y reinserción social. Y, su caso, alegaba que "se encuentra plenamente resocializada". De hecho, tras dejar la política, volvió a su profesión como sanitaria.

Siete de los nueve condenados a prisión por el caso ERE tendrán que ingresar en la cárcel antes del 1 de enero. No obstante, el expresidente de la Junta José Antonio Griñán está a la espera de que un forense examine su estado de salud tras alegar su defensa que padece un un cáncer de próstata que no puede ser tratado en prisión.

Los otros dos penados a prisión que no entrarán de inmediato son el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, cuyo plazo fue aplazado hasta obtener un informe del médico forense al alegar su defensa hace semanas que también padece cáncer; y el exdirector general de Trabajo Juan Márquez.

A este último el Supremo le rebajó la pena privativa de libertad a tres años y la Audiencia le da uno de plazo mientras se tramita su solicitud del indulto al Gobierno.