El exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández ha sido el segundo condenado por el caso ERE que ha entrado en la cárcel. En concreto, ha ingresado este domingo en la prisión gaditana de Puerto 3 y lo ha hecho antes de que se cumpla el plazo para ello, que concluye este lunes día 2 de enero.
En su caso, Fernández tendrá que cumplir una condena de siete años, once meses y un día de prisión y 19 años y seis meses de inhabilitación por los delitos de malversación y prevaricación, según han informado a EFE.
Antonio Fernández fue viceconsejero de Empleo del Gobierno andaluz entre el año 2000 y 2004 y consejero de Empleo desde esa fecha hasta marzo de 2010. No es la primera vez que Fernández pisará la prisión, ya que ya estuvo en preventiva en marzo de 2012 por esta misma causa.
Tampoco es esta su única condena. Hace un año la Audiencia de Sevilla también lo condenó a otros siete años por las ayudas fraudulentas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco).
Por el momento, tras el ingreso el pasado jueves de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, cuatro de los siete exaltos cargos de la Junta de Andalucía condenados a cárcel están pendientes de su encarcelamiento inmediato.
[La exconsejera andaluza Carmen Martínez Aguayo, primera condenada de los ERE que entra en prisión]
Serían el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado a siete años y un día de prisión; el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, condenado también a siete años y un día; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años; y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, condenado a la misma pena.
Griñán, a la espera del forense
El expresidente andaluz José Antonio Griñán no tendrá que ingresar para cumplir la condena de seis años de cárcel por el caso de los ERE hasta que la Audiencia de Sevilla reciba un informe médico del Instituto de Medicina Legal sobre el cáncer de próstata que padece.
Este giro de guion se produjo la semana pasada después de que su defensa presentara nueva documentación ante el tribunal alegando que padece un cáncer de próstata que no puede ser tratado en prisión.
En concreto, su abogado ha pedido la suspensión de la ejecución de la pena conforme al artículo 80.4 del Código Penal. El mismo dispone que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables.
Los otros dos penados a prisión que no entrarán de inmediato son el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, cuyo plazo fue aplazado hasta obtener un informe del médico forense al alegar su defensa hace semanas que también padece cáncer; y el ex director general de Trabajo Juan Márquez.
A este último el Supremo le rebajó la pena privativa de libertad a tres años y la Audiencia le da uno de plazo mientras se tramita su solicitud del indulto al Gobierno.