La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla vuelve a activar el procedimiento para pronunciarse definitivamente sobre el ingreso en la cárcel del expresidente de la Junta José Antonio Griñán, condenado por el caso ERE, tras alegar que padece cáncer de próstata del que no podría tratarse en prisión.
En una providencia dictada este mismo lunes, el tribunal sevillano ha vuelto a pedir a la Fiscalía Anticorrupción y al PP, como acusación personada, que informen sobre la solicitud de suspensión de la ejecución de la pena de prisión tras recibir el informe del médico forense. Para ello, les da tres días de plazo.
El pasado 23 de diciembre el abogado del expresidente andaluz pidió la suspensión de la ejecución de la pena conforme al artículo 80.4 del Código Penal. El mismo dispone que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables.
Tras ello, la Audiencia acordó librar oficio al Instituto de Medicina Legal (IML) para que emitiera un informe valorando si el ingreso en centro penitenciario pudiera tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito.
Un día después de que casi todos los condenados a prisión por el caso ERE entraran en la cárcel, el pasado martes un médico forense se entrevistó con Griñán para decidir si, debido al cáncer de próstata que alega, aplazaba o no su entrada en la prisión.
El expolítico, de 76 años, se entrevistó con el profesional del Instituto de Medicina Legal en la Audiencia de Sevilla. Durante la entrevista no se tomó muestras de sangre ni le realizaron otras pruebas diagnósticas.
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Ese mismo día por la tarde, el forense trasladó su informe a la Audiencia, quien ahora ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones personadas.
En la última documentación presentada por el abogado de Griñán, éste volvió a pedir la suspensión de su entrada en prisión porque las pruebas realizadas confirman el "alto riesgo" del cáncer de próstata que padece, por el que ya ha iniciado un tratamiento que, considera el informe, no puede recibir en prisión.
El letrado subrayaba que el ingreso en un centro penitenciario de Griñán "incrementaría el riesgo de fracaso del tratamiento iniciado, dificultaría su control por especialistas en oncourología y podría reducir su expectativa de vida".
José Antonio Griñán fue condenado a seis años y dos días de prisión e inhabilitación durante 15 años por los delitos de malversación y prevaricación en la llamada pieza política del caso ERE.