La junta de tratamiento de la cárcel Sevilla I ha propuesto que los ex altos cargos de la Junta Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano, que entraron en esa prisión el pasado 2 de enero condenados por el caso ERE, sean clasificados en segundo grado.
Esta petición se produce justo un mes después de su ingreso. En concreto, Francisco Vallejo, exconsejero socialista de Innovación, está condenado a siete años y un día de prisión; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, a seis años de cárcel; y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión.
En virtud de este segundo grado, los condenados podrán solicitar permisos una vez cumplan la cuarta parte de su condena, ha adelantado el Diario de Sevilla. Se trata de un grado que se concede a aquellos presos que tienen una conducta "normal", es decir, "sin partes, ni sanciones ni informes negativos".
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"Lo normal", también han aclarado, es que desde Madrid se dé el visto bueno a la propuesta aprobada el pasado jueves por la junta de tratamiento de Sevilla I.
La concesión del segundo grado no implicará la salida inmediata de la cárcel por permisos de los ex altos cargos. Se trata de una suerte de clasificación de cara al momento en el que estos cumplan la cuarta parte de su condena. Será entonces cuando sí podrán solicitar permisos, informa Europa Press.
El ingreso en prisión de estos seis primeros expolíticos socialistas condenados por el caso ERE marcó un antes y un después en la política andaluza. Es el símbolo del fin de una época para el partido que fue la fuerza hegemónica en la comunidad durante casi cuatro décadas.
Por su parte, continúan en libertad otros tres penados. Entre ellos, el expresidente de la Junta José Antonio Griñán después de que la Audiencia Provincial de Sevilla acordara el pasado 13 de enero aplazar su ingreso hasta que el expolítico concluya las sesiones de radioterapia que recibirá por el cáncer de próstata que padece.
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Los otros dos penados a cárcel que no entrarán de inmediato son el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, cuyo plazo fue aplazado hasta obtener un informe del médico forense al alegar su defensa hace semanas que también padece cáncer, y el ex director general de Trabajo Juan Márquez.
A este último, el Supremo le rebajó la pena privativa de libertad a tres años y la Audiencia le da uno de plazo mientras se tramita su solicitud del indulto al Gobierno.