Por primera vez en la historia del Parlamento andaluz se ha impedido llevar al pleno un debate sobre un asunto de competencia exclusiva del Gobierno. La próxima semana no se debatirá sobre los efectos de la ley del 'sólo sí es sí' en la Cámara andaluza que el PP quería llevar en forma de Proposición no de Ley.
Se trata de un asunto espinoso y de desgaste contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras la rebaja de penas a más de 500 agresores sexuales, que la izquierda andaluza ha logrado impedir que se debata.
A pesar de la mayoría absoluta de Juanma Moreno, el PSOE y Por Andalucía han invocado el artículo 171 del reglamento para esquivarla. El mismo impide la discusión en el Parlamento de asuntos que sean competencias exclusivas del Estado o de la administración local si cuentan con el apoyo de las dos terceras partes de la Cámara o tres grupos parlamentarios que representen la mayoría de la misma. Y Adelante Andalucía ha apoyado a ambos grupos.
El PP y VOX se han quedado a un diputado, al sumar 72 y necesitar 73. La votación se ha llevado a cabo después de que la portavoz del grupo socialista, Ángeles Férriz, reclamara la aplicación a esta iniciativa de este artículo con el argumento de que afecta a una materia de competencia exclusiva del Estado.
Sin embargo, el portavoz del PP andaluz, Toni Martín, ha defendido la inclusión de la iniciativa en el orden del día porque muchos de los agresores sexuales beneficiados son andaluces. Más de 120.
Tras este rechazo, Martín ha acusado a los grupos de la izquierda de constituirse en una "oficina de censura" de la actividad parlamentaria.
En concreto, en PP pedía en su iniciativa que el Parlamento rechazara "los efectos indeseables y las graves consecuencias que ha ocasionado la entrada en vigor" de la citada ley. También que defendiera la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y el castigo que las víctimas y la sociedad exigen para los agresores sexuales.
El PP quería trasladar una posición favorable del Parlamento a que se lleve a efecto una revisión, por la vía de urgencia, de la citada ley orgánica, con la finalidad de que quienes cometan delitos sexuales puedan tener cuanto antes las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022.
Punto de consenso
Al respecto, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha emplazado a los grupos parlamentarios a que mantengan una reunión y lleguen a un "punto de consenso" sobre la aplicación del citado. El objetivo es evitar estos debates de forma continuada en la Junta de Portavoces.
El artículo en cuestión está en desuso y no existe en el resto de cámaras autonómicas. De hecho, los propios letrados del Parlamento abogan por reformarlo, incluso, eliminarlo.
En concreto, en 2005 fue reformado para ser menos riguroso con los debates sobre las Proposiciones no de Ley. Bajo el Gobierno de Manuel Chaves, los socialistas acordaron que no fuera necesaria la unanimidad, sino dos tercios de los votos, los que han sumado hoy las tres formaciones de la izquierda.