Hasta 65 euros por consultas de Atención Primaria; 150 euros por primeras consultas; 90 euros por consultas sucesivas, y 215 euros por consultas de alta resolución, entre otros servicios. No obstante, en caso de realizarse estas prestaciones en centros públicos la tarifa máxima se verá reducida al 35%.
Estos son algunos de los precios, ya publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, que la Consejería de Salud y Consumo recoge en una orden para la tarifación de los convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con entidades, tanto públicas como privadas, para la prestación de la asistencia sanitaria en centros sanitarios. También incluye servicios de atención primaria.
Se trata, en concreto, de la orden de 23 de febrero de 2023, por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios.
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Su anuncio provocó hace unas semanas que los partidos de la izquierda acusaran al Gobierno andaluz de maniobrar para privatizar determinadas áreas de la sanidad andaluza. Tanto la consejera de Salud, Catalina García, como el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo negaron en el Parlamento y, desde entonces, casi a diario. También aseguran que en ningún caso estas tarifas las abonaría el ciudadano, sino la Junta, pero estando reguladas.
Tras su publicación se ha reavivado la polémica. Entre otras cuestiones justifican su aprobación en la necesidad de establecer "un marco normativo" para regir las mismas tarifas respecto a las empresas privadas en el caso de tener que derivar pacientes en situaciones de colapso o catástrofe.
Además, según insistió el propio Moreno, esta normativa no era nueva, sino que actualizaba la que puso en marcha el PSOE en 1998 bajo el Gobierno de Manuel Chaves.
El anexo incluye un bloque de procedimientos quirúrgicos que podrían ser objeto de conciertos, así como otro de pruebas diagnósticas, otro de estancias hospitalarias y otro de consultas, donde se fijan unas tarifas máximas de 65 euros por consultas de Atención Primaria; de 150 euros por primeras consultas; de 90 euros por consultas sucesivas, y de 215 euros por consultas de "alta resolución".
Operaciones de sexo
Entre las tarifas más elevadas que recoge la orden sobresalen las de las operaciones para transformación de sexo no clasificadas bajo otros conceptos. En concreto, una colovaginoplastias está fijada en 31.900 euros; las faloplastias en 28.600 euros y las vaginoplastias en 22.900 euros.
En el extremo opuesto, con las tarifas más bajas, de 167 euros en cada caso, se encuentran los procedimientos quirúrgicos figuran las escisiones en la boca o por lesión maxilar de origen dentario.
La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, en rueda de prensa en una imagen de archivo.
Los precios para los procedimientos diagnósticos oscilan entre los 31,8 euros que se contemplan para determinadas ecografías y los 1.749 euros con los que se presupuesta un PET-TAC Fluor PSMA (Antígeno Prostático Específico Membrana).
Asimismo, el SAS fija una tarifa máxima de 215 euros por día de hospitalización en planta que se concierte para estancias de uno a siete días de duración; de 150 euros diarios para las que se prolonguen de ocho a 30 días, y de 125 euros para las estancias de más de 30 días.
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El importe máximo que se fija para un día de estancia en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es de 750 euros, y para estancias por casos agudos de salud mental se establecen tarifas máximas que oscilan entre los 200 y los 130 euros diarios según la duración de las mismas. También en función de si se prolongan de uno a siete días, de ocho a 30 días o de más de 30 días.
Por otro lado, el anexo de la orden de tarifas también incluye precios por procedimientos de radioterapia y protonterapia, con importes máximos que oscilan entre los 42.000 euros que se contemplan para un tratamiento completo de protonterapia pediátrico con anestesia, y los 3.000 euros que el SAS podría pagar por concertar un tratamiento completo de radioterapia sin ingreso.
Justificación de la orden
La orden, firmada por la consejera de Salud, defiende la conveniencia de establecer una tarifa máxima homogénea para toda Andalucía, por procedimiento y no por grupos, como hasta ahora.
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Ello implicará una reducción del coste en los procedimientos más frecuentemente concertados y, por otra parte, conseguirá resolver aquellos que generan lista de espera o problemas asistenciales cuando efectivamente sea necesario.
A tal efecto, según continúa la orden, los centros públicos deberán establecer con antelación cuáles serán sus necesidades de concertación para cada tipo de procedimiento. En base a dicha necesidad se podrá estimar el presupuesto para dicha contratación de asistencia sanitaria complementaria.
La oposición, por su parte, insiste en que se trata de una maniobra para "privatizar la Atención Primaria", algo que la líder de Por Andalucía, Inma Nieto, califica de "gravísima decisión" que "no tiene precedente en España".
También se ha pronunciado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en un acto con sindicatos en Sevilla. A su juicio, esta orden de precios para la externalización de servicios es "un camino" que lleva "a la privatización de la sanidad andaluza". Por ello, ha insistido en que el Gobierno central va a estar vigilante con esta cuestión.