El Parlamento andaluz ya no volverá a abordar la proposición de ley de PP y Vox para reordenar el territorio y regular unas 700 hectáreas agrícolas en la Corona Norte de Huelva, a unos treinta kilómetros de Doñana, hasta después de las elecciones del 28 de mayo.
Según informan a EL ESPAÑOL fuentes del grupo parlamentario del PP, los plazos están fechados desde el final del periodo de sesiones anterior, desde el mes de diciembre. Es decir, aclaran que no es una cuestión que se haya decidido ahora para aplazar la polémica en periodo electoral.
Tras la controversia con el Gobierno central y con Bruselas por este asunto, el pasado martes 2 de mayo fue una fecha importante en el proceso porque culminaba el plazo para presentar el listado de comparecientes en la Comisión de Fomento.
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Más de 50 nombres fueron propuestos por todos los grupos entre los que figuran el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, -por parte de Vox-; la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, -por parte del PP- o el director del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, convocado por el PSOE. Este último ha sido muy crítico con la propuesta.
Como la mesa del Parlamento estaba convocada al día siguiente, no dio tiempo a que llegaran todos los listados para abordarlos. Por tanto, se llevarán a la siguiente convocatoria, que ya se celebrará después de las elecciones del 28 de mayo.
En esa reunión se acordarán los comparecientes y comenzarán a remitirse las citaciones para el mismo mes de junio. Posteriormente se iniciará el periodo de enmiendas, las ponencias y el debate final, previsto para julio con el fin de que la norma se apruebe ese mismo mes.
Los populares insisten en que ese ha sido el motivo: "cumplir a rajatabla el reglamento". Todo ello tras acordar la vía de urgencia para este proyecto por la delicada situación en la que se encuentran los agricultores afectados al quedarse fuera de regulación en 2014, cuando el gobierno de Susana Díaz aprobó el llamado plan de la fresa.
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En cualquier caso, la polémica ley sigue estando en el foco político. Este mismo jueves copó gran parte de la sesión de control, en la que el presidente andaluz no rehuyó de la crítica, sino que lanzó de nuevo un órdago: estaría dispuesto a modificar, incluso a retirar la norma, si el Gobierno o la UE diesen alguna opción. "No podemos retirar nada hasta que haya una alternativa", insistió.
No obstante, a nadie se le escapa que es un asunto muy sensible en tiempos electorales. Sobre todo cuando el Gobierno central, especialmente Pedro Sánchez, aprovecha cualquier intervención para criticar a Juanma Moreno por este asunto. Sin embargo, los populares mantienen que el asunto de los regadíos puede beneficiarles en la provincia y perjudicar al PSOE por su cambio de postura en esta cuestión.
"¿A qué Espadas creemos?"
Moreno sí aprovechó su intervención, sobre todo en el cuerpo a cuerpo con el secretario general del PSOE, Juan Espadas, para reprocharle este cambio de parecer.
Con recortes de prensa en mano, el presidente andaluz le recordó a Espadas su posición hace un año sobre la reordenación de los regadíos. Entonces el socialista defendía la ampliación de tierras regables en la Corona Norte de Doñana y reconocía el problema de los agricultores.
"¿Qué ha pasado, entonces señor Espadas?", y él mismo se contestó: "Ha rendido la plaza de Andalucía" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien a su juicio tiene "una guerra abierta" contra la comunidad. "¿A qué señor Espadas creemos: al de hace seis meses, al de ahora o al de dentro de seis meses?".
Espadas, por su parte, le reprochó que el proyecto sobre Doñana haya generado "un daño irreparable a la agricultura onubense". El socialista, además, lamentó que Moreno "decidió que no tenía bastante con la confrontación con el Gobierno de España y decidió echarle un pulso a las instituciones europeas".
Por su parte, la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, también pidió que retiren la norma para no hacer "el ridículo", mientras que desde Vox, Manuel Gavira, se solicitó lo contrario: que no se dé marcha atrás porque los agricultores de Huelva "no son culpables de nada, sino víctimas".
La polémica sigue servida y mientras el Gobierno o Bruselas, según el propio Moreno, no den alguna alternativa, la proposición de ley seguirá su trámite. Eso sí, ya después de las elecciones del 28 de mayo.