El informe del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla no es favorable a que el expresidente socialista de la Junta José Antonio Griñán ingrese en prisión. Considera que tras culminar el tratamiento de radioterapia contra el cáncer de próstata que padece continúa "muy grave" y deberá recurrir a servicios hospitalarios externos a la prisión para el tratamiento de la misma.
El informe, firmado por la forense María Ángeles Dichas, recoge que Griñán ha finalizado el tratamiento de radioterapia, pero que continúa con el hormonal, y añade que se desconoce si su evolución "va a ser favorable o desfavorable", ya que está pendiente de revisiones médicas en junio y en septiembre.
Tras culminar su tratamiento la Audiencia pidió al IML que valorara de nuevo el estado de salud del exdirigente andaluz para ejecutar su sentencia condenatoria de seis años de prisión por el caso ERE.
Para ello lo citó el pasado 18 de mayo y ha remitido el informe al tribunal sevillano, quien deberá decidir a raíz del mismo si el expresidente andaluz ingresa o no en prisión en los próximos días. Para ello, ha dado tres días de plazo para que se pronuncien el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por el Partido Popular.
El pasado mes de enero el tribunal sevillano aplazó su ingreso en prisión tras alegar su defensa que padecía un cáncer de próstata. En aquellas fechas la Audiencia decidió esperar a que finalizara su tratamiento tras concluir esta forense que no era conveniente su entrada en la cárcel.
En ese sentido, el tribunal explicaba en su última providencia al respecto, de fecha 2 de mayo, que en la nueva documentación remitida por la defensa de Griñán se especifica que tras la radioterapia, el plan de actuación consiste tan sólo en tratamiento farmacológico y ejercicios rehabilitadores.
La Audiencia también solicitó el pasado mes de marzo a la directora de la cárcel Sevilla I informara sobre la situación de los servicios médicos del centro. En ese escrito, dejó claro que es posible que un interno enfermo de cáncer se trate desde prisión con la concertación de visitas al hospital para recibir la radioterapia y acudir a las consultas de revisión.
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Barberá también pidió la suspensión de la pena mucho antes de que lo hiciera José Antonio Griñán al estar aquejado de la enfermedad desde hace más de cinco años. No obstante, según la Audiencia, el tratamiento prescrito a Barberá "puede ser dispensado" en el centro penitenciario "con las revisiones hospitalarias a que deba ser sometido".
Recurso al TC y el indulto
Por su parte, Griñán sigue apurando todos los pasos para evitar la prisión. Lo último fue el recurso de amparo elevado ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia inicial condenatoria de la Audiencia de Sevilla.
Este recurso también fue presentado contra la sentencia del Supremo que desestima su recurso de casación contra esa pena y contra la decisión de dicha instancia de no admitir su incidente de nulidad frente a tal desestimación del recurso de casación.
No obstante, tanto Griñán como el resto de condenados, ya todos en prisión, albergan otra esperanza: la resolución que el Gobierno decrete sobre su solicitud de indulto parcial, presentada por su familia el pasado 1 de septiembre.
La Ley de indulto no establece plazos y depende de la voluntad política. La fecha actual, en pleno proceso electoral, no le favorece, al ser un tema controvertido para el Gobierno, aunque tras el 28-M ya estarán todas las vistas puestas en las elecciones generales.
Una de las esperanzas de Griñán es que, si entra en prisión, la medida de gracia gubernamental reduzca parte de su pena de cárcel y, una vez suceda esto, pueda solicitar la suspensión total de la misma, tal y como contempla el artículo 80 del Código Penal.
Por el momento, estos expedientes aún se están analizando. En una entrevista en Onda Cero, la ministra, Pilar Llop, dejó claro que esta concesión tiene unas líneas claras. No se han concedido nunca ni en los casos de corrupción, ni en los casos de violencia de género ni en los casos de tráfico de drogas en el Campo de Gibraltar.
En cualquier caso, ninguna de estas dos opciones, ni la tramitación del recurso al Constitucional ni de la resolución a favor del indulto, le librarán de poder pisar la prisión si la Audiencia ejecuta la condena.