Doñana vuelve a la primera línea política en la precampaña de las elecciones generales del 23 de julio. Esta vez por una polémica campaña de la asociación alemana Campact para exigir a las cadenas de supermercados del país que no vendan fresas de España para no contribuir a la desecación del parque.
La misma ha vuelto a provocar un enfrentamiento entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía al utilizarla el presidente Pedro Sánchez y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para atacar al presidente andaluz, Juanma Moreno.
En concreto, la asociación alerta del "peligro de que el robo de agua pase ahora a estar permitido oficialmente" tras el éxito electoral del Partido Popular en las elecciones regionales y locales del pasado domingo 28 de mayo.
Todo ello en referencia a la proposición de ley de ordenación de regadíos de la Corona Norte de Doñana que se tramita en el Parlamento andaluz a propuesta del PP y Vox.
A raíz de esta campaña, a través de sus perfiles de Twitter, tanto Sánchez como Teresa Ribera han vuelto a pedir su retirada.
"El negacionismo arruina nuestro medioambiente y corre el riesgo de arruinar las economías locales", ha señalado Sánchez en un tuit, que finaliza con "Salvemos Doñana".
Este tuit ha sido aprovechado por la asociación para citar sus palabras diciendo que hasta el presidente del Gobierno "pide que se prohíba la venta de fresas españolas". Por ello solicitan que hagan lo mismo una serie de supermercados.
Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, salió en su defensa en esta misma red social: "La manipulación se les ha ido de las manos. Hablar mal de Andalucía y sus agricultores en Europa tienen estas consecuencias. Están jugando con el pan de miles de familias".
En declaraciones a los periodistas, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Ramón Fernández-Pacheco, ha dicho que Pedro Sánchez se pone "al lado de los que nos atacan", a pesar de que su labor debe ser defender al país, a la comunidad más poblada y a una provincia como Huelva.
Resultados electorales en la zona
En este sentido, ha puesto en valor los resultados electorales cosechados el pasado domingo en la provincia, que darán al PP por primera vez en la historia la Diputación de Huelva.
Concretamente, en la zona del Condado el PP ha ganado en Lucena del Puerto y Rociana del Condado, dos de los cinco municipios, junto a Almonte, Bonares y Moguer, afectados por la Proposición de Ley. En Almonte, gobernará un histórico socialista pero bajo las siglas del partido independiente Ilusiona y en los dos últimos continuará el PSOE. Vox, por su parte, solo ha conseguido representación en Almonte con un concejal.
Precisamente el pasado miércoles la comisión de Fomento del Parlamento andaluz ha acordado, con los votos de PP y Vox, el listado de comparecientes para exponer su opinión respecto a la proposición de ley. Entre ellos, como ya adelantó EL ESPAÑOL, figura Teresa Ribera, quien está citada para el próximo 13 de junio.
[El PP quiere que Teresa Ribera explique su rechazo a la Ley de Doñana en el Parlamento andaluz]
La ministra ya ha avisado en su cuenta de Twitter de que no va a comparecer y cede su sitio al presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes de Castro, o al director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, los cuales finalmente no han sido convocados. Por ley, ella no está obligada.
Esto ha provocado cierto revuelo en el Parlamento. Desde el PP aseguran a EL ESPAÑOL que Delibes ya dio sus explicaciones en el último pleno del Consejo de Participación de Doñana donde mostró su rechazo. También justifican que sí asistirán representantes de todos los sindicatos y organizaciones agrícolas.
Sin embargo, el PSOE ha anunciado que registrará en el Parlamento una solicitud de comparecencia de Miguel Delibes. "En un asunto tan importante como Doñana, no se puede vetar la opinión del presidente del Consejo de Participación. Pido al PP que apoye nuestra petición de comparecencia", ha señalado Juan Espadas en su cuenta en Twitter.
Los agricultores "hastiados"
En medio del cruce de acusaciones están los agricultores y empresarios del sector, algo hastiados por volver a ser el centro de atención por una campaña "insidiosa y dañina". "Apelamos a la responsabilidad tanto de las autoridades políticas como de los ciudadanos", ha remarcado Interfresa, que aglutina al sector y que es voz única en este asunto desde que comenzó a tramitarse la ley andaluza para ampliar regadíos.
Vuelven ahora a pronunciarse para proteger su reputación, que vale 1.300 millones en exportaciones. Piden que las opiniones se basen en información rigurosa: ni "la industria de la fresa está explotando aún más el agua de fuentes ilegales del Parque Nacional de Doñana ni se bombean enormes cantidades de agua".
Interfresa insiste en que la producción en Huelva, de donde sale el 98% de la fresa nacional y el 30% de la UE cuenta con certificaciones que avalan que se cumplen los protocolos internacionales "más exigentes".
Eso incluye uso eficiente del agua, con modernos sistemas de riego. El sector anuncia que entablará conversaciones con los diferentes distribuidores "para aclarar la falta de rigor de esta campaña, ya que la información que se comparte es falsa".
En este sentido, subrayan que en el Parque Nacional de Doñana no hay cultivos, ni de berries ni de ningún otro tipo. "Las fincas más cercanas a Doñana están a 35 kilómetros del espacio natural y la gran mayoría de las empresas del sector de los berries cultivan a 100 o más de la Corona Norte", precisamente la zona en la que, en virtud de la norma que se tramita en el Parlamento andaluz, se ampliaría el derecho a regadío.
Las muestras del cansancio del sector en su respuesta son evidentes. "Confiamos en no vernos perjudicados por esta campaña", remachan. Es una petición que ya lanzaron a mediados de abril, cuando la situación de los cultivos y su posible impacto en el parque protagonizaron el debate nacional.
El golpe reputacional a las exportaciones, visto como el mayor de los peligros tanto desde el sector como desde el propio ministro de Agricultura, Luis Planas, tendría importantes consecuencias en Huelva.
El cultivo de la fresa y los frutos rojos representa el 11,35% del PIB de la provincia y da trabajo de manera directa a 100.000 personas. Sumando los empleos indirectos, asciende a 160.000 puestos de trabajo, señalan desde el sector.