La Fiscalía reclama hasta ocho años de prisión para el exdiputado autonómico de Vox y expresidente del partido en Andalucía, Francisco Serrano. Este juez de profesión llevó a Vox a ser llave en el Parlamento andaluz con 12 escaños en las elecciones de 2018, pero el asunto que lo sentará en el banquillo no está relacionado con la política.
El Ministerio Fiscal lo acusa de un presunto delito de fraude de subvenciones y otro de estafa con relación al destino de un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros.
En su escrito de acusación, la Fiscalía califica los hechos atribuidos a Serrano y los dos restantes acusados del caso, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, como un presunto delito de estafa. Por ello, reclama a estos dos últimos seis años para cada uno, así como sendas multas de 5.400 euros.
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Como calificación subsidiaria, señala dos supuestos delitos de fraude de subvenciones, uno del artículo 308.1 del Código Penal y otro del artículo 308.2 del Código Penal, por los que reclama para cada uno de los acusados ocho años de cárcel, multas que suman casi 15 millones de euros y 12 años de pérdida del derecho a obtener ayudas públicas.
En materia de responsabilidad civil, solicita que los tres acusados, conjuntamente y con la sociedad Bio Wood Niebla como responsable civil subsidiaria, indemnicen con casi 2,49 millones de euros al Ministerio de Industria.
El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, que ejerce la acusación popular, reclama de su lado para Francisco Serrano hasta nueve años de prisión susceptibles de ser incrementados a diez, en caso de no pagar una petición de multa que roza los diez millones de euros.
Según la investigación judicial, los tres acusados se concertaron con el propósito de obtener, sin tener la debida solvencia, un préstamo Reindus (del Ministerio de Industria), cuyo importe de 2.489.000 euros se ha destinado para fines distintos de la construcción de una fábrica de pellets en la localidad de Niebla.
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El auto precisa que conscientes de "la importancia que tiene ofrecer ante el Ministerio de Industria una imagen de solvencia" para captar sus préstamos, Serrano a través de su sociedad Serrano Abogados y Pelegrín constituyeron la empresa Biowood Niebla con una aportación de fondos propios de 7.000 euros. También justificaron una maquinaría que nunca fue comprada ni poseída por los socios, por lo que "la declaración no era ajustada a la verdad".
Una vez cobrado el préstamo, según la instrucción del caso, comenzaron las disposiciones del dinero "para fines no comprendidos" en el proyecto subvencionado. De esa cantidad destinó presuntamente unos 200.000 euros a un cliente de Serrano Abogados que estaba necesitado de financiación y a quién Biowood decidió hacer un préstamo con los fondos estatales recibidos.
Entre otras partidas, 1,3 millones de euros habrían sido destinados a la constitución de un fondo de inversión, mientras además "se formalizaron préstamos a empresas de Francisco Serrano como XYZ Comunicaciones, Serrano Abogados y Serralba, con 24.180 euros. Además Biowwod avaló a XYZ frente a Ibercaja en un préstamo que, al no ser devuelto, fue pagado por Biowood con el importe del préstamo Reindus, según reza en la instrucción.
Por todo ello, en consecuencia, de los 2,4 millones de euros abonados por el Ministerio de Industria para la instalación de fábrica de pellets de acuerdo con las partidas autorizadas, sólo es acorde con el proyecto la cifra de 544.316 euros. De ahí que el juez y la Fiscalía aprecien indicios racionales de un delito de fraude de subvenciones y un delito de estafa.
Polémico juez
En septiembre de 2020 el juez Serrano dio un paso al lado en política, dejando incluso su escaño en el Parlamento andaluz. No obstante, mucho antes de comenzar esta etapa, era más conocido en Andalucía que el propio Santiago Abascal cuando en 2015 fue fichado para convertirse en el candidato de Vox a presidir la Junta.
Había sido protagonista de varias polémicas. Durante su carrera judicial fue condenado a dos años de inhabilitación por un delito de prevaricación judicial dolosa cuando ejercía de juez.
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De lengua fácil, antes de entrar en política ya tenía partidarios y detractores por su llamada "ideología de género", sus críticas a la sentencia de 'La Manada' -le provocaron una baja médica- y su cruzada contra la ley de violencia de género y contra "las feminazis".