El PP deja en manos de la Audiencia de Sevilla si Griñán va a la cárcel: "Que la Sala pondere"

El Partido Popular, personado en el caso ERE como acusación popular, ha dejado en manos de la Audiencia Provincial de Sevilla el ingreso en prisión de José Antonio Griñán. El expresidente de la Junta de Andalucía fue condenado a seis años de cárcel, pero su cáncer de próstata incurable podría librarle de acabar entre rejas.

El PP considera que debe ser la Sala de la Sección Primera de la Audiencia hispalense la que decida sobre el futuro de Griñán, de 77 años de edad. Y así lo ha hecho constar en un escrito dirigido al tribunal, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

La formación considera que la Sala debe ejercer su "amplio margen de discrecionalidad o arbitrio" para "la concesión o denegación de la suspensión [de la pena de Griñán]" y decidir al respecto.

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"Compete a la Sala la resolución (...), al contar con amplio margen de discrecionalidad en la concesión o denegación de la suspensión, debiendo resolver con arreglo a Derecho, con una motivación fundada en que pondere los bienes y derechos en conflicto, esto es, de un lado, la seguridad colectiva y, de otro, el derecho a la integridad física del condenado", indica el PP.

La postura de Anticorrupción 

Tal y como informó EL ESPAÑOL este miércoles, la Fiscalía Anticorrupción, por su parte, aceptó que el exdirigente socialista no entre en prisión, dada su enfermedad, y se aplique el artículo 80.4 del Código Penal para suspender su condena.

El último dictamen médico sobre la salud de Griñán, fechado el pasado 15 de junio, es el tercero y fue solicitado ante la falta de concreción de los anteriores. Lo elaboró el Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla y fue tajante: "En la actualidad, no existen criterios médicos que permitan hablar de remisión del cáncer que padece, por lo que estamos ante una ENFERMEDAD INCURABLE sin perjuicio de que otros tratamientos adecuados puedan posibilitar la remisión de la misma".

El tribunal dio a los dos fiscales del caso y al PP un plazo de dos días para que valorasen este dictamen de la forense del IML, que concluía que lo aconsejable es que Griñán no vaya a la cárcel. Anticorrupción, en su informe, trasladó este miércoles a la Audiencia Provincial que "no se opone" a ello. 

El último informe

Este dictamen se emitió después de que el expolítico fuese sometido a un tratamiento de radioterapia. La Justicia lo ordenó "a fin de evaluar si persistía la situación de gravedad de la enfermedad o, por el contrario, se había modificado su estadío clínico". A la vista de las conclusiones del Instituto de Medicina Legal, no parece ser el caso.

La forense que lo redactó aclaraba que "no todos los procesos cancerosos son iguales". Tampoco lo son las respuestas a las terapias. De ahí la necesidad de que el análisis de cada enfermo sea individualizado, indicó la profesional.

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"En el caso que nos ocupa, aunque alguno de los síntomas secundarios ha mejorado, otros persisten y exigen un control periódico con excarcelaciones frecuentes", expuso en su informe médico. Todo ello, concluyó, "vuelve a hacer patente la dificultad de mantener una dinámica carcelaria".

Además, la forense destacó que un informe anterior, fechado el 24 de mayo, previo al tratamiento de radioterapia, ya advirtió de los problemas que supondría para la propia cárcel que Griñán ingresase en ella. "Tanto en las consultas programadas como no programadas, para el traslado al hospital de referencia, siendo los tratamientos, en general, externalizados", indicó la forense en su dosier.

"No se necesitan solamente cuidados médicos en prisión, sino evitar, entre otros, el peligro de infecciones en personas con un sistema inmunológico deprimido y que pueden suponer riesgos vitales, por la edad (77 años) y por la propia enfermedad, y ello en aras al bienestar físico y psíquico que necesitan estas personas con padecimientos graves", añadía el IML.

La salida de Viera

Hace dos semanas, le fue aplicado el artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario (que permite la clasificación de tercer grado de internos penados con padecimientos incurables) al exconsejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, también condenado por el caso ERE.

Ha sido el primero en abandonar la prisión y su salida ha podido allanar el camino al expresidente José Antonio Griñán para eludirla. También, al exviceconsejero socialista de Empleo Agustín Barberá para que le apliquen esa misma clasificación.

Este último cumple condena desde el pasado mes de abril diagnosticado de un sarcoma de partes blandas —un tipo de tumor maligno—, aunque sigue en segundo grado. La Audiencia ejecutó su pena porque su tratamiento puede ser dispensado en el centro penitenciario con las revisiones hospitalarias a que deba ser sometido.

Griñán, en una imagen reciente.

No obstante, tanto Griñán como el resto de condenados siguen apurando todos los pasos para ser absueltos. Lo último, el recurso de amparo elevado ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia inicial condenatoria, que ha sido admitido a trámite con el voto particular de dos magistrados.

Enrique Arnaldo y César Tolosa defienden que la "relevancia social" del caso no justifica estudiar el asunto, recordando que con Nóos y Gürtel no se hizo.

Los condenados por el caso ERE albergan otra esperanza: que el Gobierno les indulte. La ley que regula la medida de gracia no establece plazos y depende de la voluntad política. La fecha actual, al filo de unas elecciones generales, no les favorece, al ser un tema controvertido para el Ejecutivo central.