Con sombrero de paja, cabizbajo y con calzado deportivo. Así ha llegado a la Audiencia este lunes a declarar en un juicio del caso ERE Juan Lanzas, exsindicalista de UGT y considerado pieza clave del caso ERE y "conseguidor" de las ayudas fraudulentas para las prejubilaciones.
Cuando estalló el caso su madre llegó a declarar ante la Guardia Civil durante el registro de sus domicilios y fincas en Albánchez de Mágina (Jaén) que allí había dinero "hasta para asar una vaca". El caso es que aquel día los agentes encontraron en un armario 81.100 euros sin poder aclarar su procedencia.
Sin embargo, 12 años después y en los diez minutos que ha durado su declaración, Lanzas lo ha negado todo a preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción y con un deteriorado estado de salud.
Antes de acogerse a su derecho a no declarar a las demás partes, ha negado ante el tribunal que él buscase financiación pública para sufragar los despidos o participase en la negociación de los mismos
"Ni pedí ni solicité, sólo asesoré", ha remarcado. Lanzas ha negado cualquier participación en los hechos que se investigan, en relación con las ayudas de 2,3 millones de euros que recibió la empresa sevillana Surcolor-Surcolor Óptica en 2006.
Según la instrucción, en la lista de prejubilaciones fueron incluidos dos intrusos, uno de los cuales es concuñado del que entonces era delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita para él ocho años de prisión por los supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación. Sin embargo, hoy ha asegurado que ni siquiera vio el expediente. "Desconozco que esos señores existieran, ni sé quiénes son".
Según la instrucción, Lanzas se ofrecía como mediador a empresas en crisis para conseguir ayudas de la Junta. Para ello, se valía de su amistad con el ex director general de Trabajo de la Junta, el fallecido Francisco Javier Guerrero, condenado también por el caso ERE.
Sin embargo, en su declaración ha asegurado que su trabajo se limitaba a "buscar a clientes y empresas para asesorarles en la negociación colectiva" y que nunca "pidió ni solicitó" ningún montante para Surcolor.
Según el Ministerio Fiscal, los responsables de esta empresa contactaron con el letrado Carlos Leal, acusado en este juicio, del estudio jurídico Villasís, para iniciar la tramitación de un expediente de regulación de empleo y finalmente acabó contratándolo.
Para conseguir los fondos públicos, según la Fiscalía, Juan Lanzas contactó con el entonces delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas y con Francisco Javier Guerrero. A este último le facilitó datos de los importes de las indemnizaciones por despido de los 24 trabajadores que se verían afectados por la extinción.
Tras ello, la consultora Vitalia, involucrada en más piezas judiciales, elaboró supuestamente dos estudios de renta con una cuota total a pagar de 2,7 millones, de los cuales la Junta pagaría 2,3 millones.
Por último, ha negado que con relación a este ERE intercambiase cuantías económicas de algún tipo con el acusado Juan Francisco Algarín Lamela, presunto "testaferro" de la trama fraudulenta de los ERE. "En este caso no", ha asegurado, rememorando que ambos sí tuvieron tratos comerciales en materia de distribución de aceite.
Además, ha insistido en que tampoco ingresó o retiró dinero de las cuentas de este repartidor de mensajería. Por su parte, Algarín en su declaración el pasado martes se retractó de lo que dijo a la Guardia Civil tras su detención el 14 de enero de 2013 porque "ese día estaba borracho".
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En este mismo juicio, el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá y el ex director general de Trabajo Juan Márquez han manifestado ante el tribunal su decisión de acogerse a su derecho constitucional a no declarar.
Los dos primeros desde la prisión donde cumplen condena por el caso ERE. Márquez, el único de los tres que ha asistido presencialmente a la sesión, ha asegurado que es "por coherencia", después de que en la fase de cuestiones previas, el tribunal denegase la petición expresa de la Fiscalía Anticorrupción de apartarles de la causa por el principio non bis in idem.