La Junta y el Gobierno agotan el plazo para ultimar un acuerdo y dar una solución a Doñana

Este viernes se cumple un mes de aquella imagen que antes era impensable. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, se estrechaban la mano el pasado 3 de octubre y firmaban una tregua in extremis para alcanzar la paz en Doñana. 30 días después, según fuentes del Ministerio, ese acuerdo se está ultimando.

Esta paz pasaría por consensuar una alternativa a la polémica ley impulsada por PP y Vox en la Cámara andaluza que supondría la ampliación de regadíos en el entorno de Doñana.

El plazo que se había estipulado entonces era, precisamente, un mes. El objetivo era el de evitar que la ley del PP y Vox se aprobase de manera inminente, tras haberse pospuesto hasta en dos ocasiones. Se trata de una ley que los agricultores afectados por el plan llamado de la fresa en 2014 esperaban como agua de mayo. El objetivo es que sus tierras (unas 700 hectáreas) volvieran a ser lo que eran, de regadíos, pero con agua superficial.

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No obstante, nadie les garantizaba que esa agua llegara de manera inminente. Para ello hacen falta las infraestructuras hídricas de la Ley del Trasvase que Pedro Sánchez firmó en 2018 y que no han comenzado a ejecutarse.

Fuentes conocedoras de la negociación han indicado a EL ESPAÑOL que se han producido reuniones casi todos los días entre representantes políticos de primer nivel de ambas administraciones, con los alcaldes de las localidades afectadas y, por supuesto, con los agricultores. 

Eso sí, las reuniones se han producido de manera discreta. Aunque no fue así al principio, posteriormente ambas partes aseguraron que la única manera de que llegaran a buen puerto era llevarlas con sigilo. Se lo pidieron especialmente a los agricultores. 

Su visto bueno al plan alternativo era condición sine qua non para seguir adelante con esta tregua. No obstante, Juanma Moreno ya lo advirtió al inicio de la negociación. "Si no se llega a un acuerdo, la ley podría quedar aprobada en semanas".

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Sin embargo, la apuesta ahora es que haya consenso y que las reivindicaciones de los agricultores, que pasa por recuperar sus tierras, sean atendidas. Fuentes de esta parte aseguran a este periódico que, por el momento, no hay ninguna medida concreta y muestran su desconfianza hacia el Ministerio.

Imagen de un cultivo de fresas en invernadero en Huelva. EFE

Sí se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de mantener su actividad, pero en terrenos que no se encuentren en el entorno de Doñana y que no dependan de su acuífero. No obstante, los agricultores quieren las suyas.

La "esperanza" de la Junta

"El Gobierno andaluz está muy esperanzado en alcanzar un acuerdo y hacerlo en muy breve plazo de tiempo. Se hablaron de plazos que en la medida de lo posible tenemos que cumplir", aseguró este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero titular de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, sobre el acuerdo.

Hay esperanza, sobre todo porque la norma corre el riesgo de ser condenada al bloqueo por la oposición del Gobierno central con un posible recurso al Tribunal Constitucional y con las advertencias en contra de la comunidad científica y de la Comunidad Europea. Sin embargo, desde la Junta creen que lo tendrían ganado porque se trataría de una reorganización del suelo, que es competencia autonómica.

Fernández-Pacheco ha alabado que estas negociaciones "no se hayan radiado a diario, puesto que eso sólo contribuiría a que las negociaciones fracasaran". Sin embargo, ha asegurado que una vez concluya ese plazo se darán cuenta de las mismas.

Este posible acuerdo se ha fundamentado en tres bloques: la negociación con los agricultores, el papel de los ayuntamientos de los municipios afectados a la hora de reorganizar sus tierras y las acciones generales a favor de la provincia de Huelva como campañas de promoción de la fresa onubense o las mencionadas infraestructuras hidráulicas.

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Para el Gobierno central la aprobación de este plan por todas las partes, dotado con más de 350 millones de euros, sería mejor solución. "No necesitamos ir a ningún tribunal para que nos diga que las administraciones debemos trabajar por salir adelante en Doñana", aseguró la ministra Ribera al poner un pie en San Telmo a petición propia para sellar ese principio de paz que, un mes después, debe traducirse en algo palpable.

En cualquier caso, después de casi dos años de hostilidades, insultos y acusaciones, aquella reunión fue "un ejemplo de que se pueden llegar a acuerdos", insistieron en aquellas fechas fuentes conocedoras de aquel pacto. 

Desde el Gobierno son conscientes que la guerra por Doñana la perdieron tanto en las elecciones municipales como en las generales. En el caso de las primeras, el PP se hizo con las riendas de la Diputación de Huelva por primera vez y ganó en pueblos que no estaban en las quinielas. En las segundas, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, se impuso a Pedro Sánchez con suma diferencia. 

No obstante, esta paz por Doñana también serviría para cerrar la sanción de la Unión Europea, el posible veto de la Unesco y sacar a Doñana del foco internacional.