Junta y Gobierno zanjan la guerra por Doñana: llegan a un acuerdo que anunciarán este lunes

Fumata blanca sobre el Parque Nacional de Doñana 54 días después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se dieran la mano en el palacio de san Telmo, sede del Gobierno andaluz.

Ambos visitarán juntos este lunes el parque nacional y acudirán a Almonte posteriormente, sobre 12,30 horas, para firmar en el centro Ciecema el protocolo de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia de Doñana.

El acuerdo entierra la polémica ley de regadíos, que pretendía aumentar la superficie de regadíos sobre 700 hectáreas en la zona norte del espacio tras quedar fuera del conocido como plan de la fresa, puesto en marcha por la Junta de Andalucía hace nueve años.

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El acuerdo se firmará en presencia del presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, uno de los agentes más críticos con esta ley y más insistente para que ambas administraciones llegaran a un pacto sobre el parque. 

Sobre el mismo no han adelantado ninguna medida. Sin embargo, el Gobierno andaluz siempre puso por delante la opinión de los agricultores afectados y que el plan contentara a la mayoría. Esos mismos que se iban a beneficiar de la ley de regadíos.

Sí se conoce que está dotado con más de 350 millones de euros y que será otro paralelo al que presentó la ministra en Almonte hace un año, que contemplaba también una inversión de 356 millones, pero en este caso estará consensuado entre ambas administraciones. Ambos planes suman más de 700 millones.

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Una de las propuestas que ya avanzó el Ministerio fue la expropiación de fincas colindantes para reducir los derechos de riego y para frenar su deterioro en definitiva. Precisamente en este punto ha estado uno de los principales escollos. Sin embargo, desde el Ministerio han asegurado siempre que no comprarán los suelos para evitar que se amplíe el regadío. 

En cualquier caso, este anuncio frena el citado proyecto de ley que tenía visos de acabar en el Tribunal Constitucional, pone fin a dos de hostilidades, insultos y acusaciones y supone "un ejemplo de que se pueden llegar a acuerdos", han señalado fuentes de las negociaciones a este periódico. Todo ello en un momento de dura confrontación a nivel nacional.