Hace casi 15 años el socialista cordobés Rafael Velasco llegó a ser el favorito para sustituir al expresidente José Antonio Griñán, hoy día condenado por el caso ERE.

Se convirtió en número 2 del PSOE andaluz de forma meteórica, pero todo se truncó cuando en octubre de 2010 presentó su dimisión tras conocerse que la academia que regentaba su mujer en Córdoba había supuestamente recibido ayudas públicas para impartir cursos de formación.

En un auto, difundido este martes por la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez de Instrucción número 6 de Sevilla lo cita a investigar el próximo 27 de febrero, junto a su esposa, su hermano y dos de sus cuñadas.

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También cita al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en prisión por el caso ERE, y a otros cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía que tendrán que declarar la semana siguiente, el 5 de marzo.

Tras una década desde que la juez Mercedes Alaya comenzara la investigación, será la primera vez que Velasco y sus familiares se sienten a declarar por esta causa, ya que la magistrada María Núñez Bolaños la archivó en 2017, pero tres años después fue reabierta por la Audiencia. 

Ahora el juez los ha citado como investigados con el fin de esclarecer este entramado familiar que presuntamente cobró sueldos, de forma irregular, con cargo a las ayudas de la Junta, lo que se conoce como la macrocausa de los cursos de formación.

Según el juez instructor, la causa versa sobre supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por la presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen 5, vinculada a Rafael Velasco.

Así, la citada entidad habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular, en el marco de cuatro expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el SAE, según detalla el juez instructor.

En concreto, ha llegado a desgranar una primera ayuda de 28.752,30 euros, otra de 41.296,50 euros, una tercera de 82.593 euros y una última de 41.296,50, entre los años 2006 y 2009. Todo ello "al margen de la legalidad vigente".

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En el auto, el juez destaca también que la empresa se constituyó "tan sólo tres días antes de la finalización del plazo de la subvención. De modo que la solicitud para la participación en los programas de formación profesional se entregó el día que finalizaba el plazo de presentación.

Además, también asegura que a la fecha de la solicitud de la subvención, Aulacen Cinco "no se encontraba reconocida ni inscrita como centro colaborador" para llevar a cabo acciones formativas subvenciondas en materia de Formación Profesional Ocupacional (FPO).

Por todo ello, en total, el juez cita a un total de 16 personas entre el 13 y el 20 de febrero y acuerda prorrogar otros seis meses, hasta el 28 de junio de 2024, el plazo de instrucción de la causa.