La mayoría de los empresarios del caso ERE evitan la cárcel al devolver ayudas desde 25.000 a 2M€
La Junta de Andalucía ha logrado ingresar, por el momento, unos 60 millones de euros procedentes del dinero defraudado en los ERE.
23 enero, 2024 03:26Buena parte de los empresarios que se estrenaron en el banquillo por cobrar ayudas fraudulentas en la macrocausa judicial de los ERE siguen una misma línea con tal de evitar la cárcel: están aceptando los delitos que cometieron y, a la vez, se comprometen con devolver el dinero defraudado.
Todo ello previa negociación con la Fiscalía y demostrando su disponibilidad y su capacidad económica para que el dinero regrese a las arcas públicas de la administración andaluza. En los juicios celebrados hasta la fecha, las ayudas que en su momento se cobraron de manera ilícita oscilan entre los 25.000 euros y los dos millones de euros.
Este lunes, sin ir más lejos, uno de los empresarios condenados, Manuel M.B., aceptó abonar el total del montante que recibió de la Administración. Sus dos empresas, Martínez Barragán S.A. y Elaborados Cárnicos Andaluces, fueron beneficiadas por la red clientelar tejida durante la era de los gobiernos socialistas de la Junta.
[Primer empresario que pacta su condena en los ERE: devolverá la ayuda a la Junta y no irá a juicio]
Según el juez instructor, el titular de las citadas compañías recibió de las arcas públicas hasta dos millones de euros "de manera arbitraria y fraudulenta" por parte de la Dirección General de Trabajo. El origen de la ayuda era la agencia IDEA, con cargo a una partida presupuestaria que fue bautizada como el fondo de reptiles, ya que era la que se usaba para la financiación de estos ERE fraudulentos.
Tras el acuerdo de conformidad, en este caso concreto, la Fiscalía modificó su escrito de acusación, aplicando el delito de malversación "más favorable" que recoge el Código Penal.
En concreto, el empresario ha sido condenado a "las penas mínimas" posibles, como cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, apreciando la atenuante de dilaciones indebidas.
Esto se traduce en dos años de prisión. Al no tener antecedentes, no tendrá que pasar por la celda, siempre y cuando abone los dos millones de euros, para lo que la Fiscalía ha pedido un calendario y compromiso de pago, y que no vuelva a delinquir.
Esta circunstancia se está reproduciendo en la mayoría de piezas judiciales relativas a los ERE. Es decir, la mayoría de los empresarios están llegando a acuerdos con el Ministerio Fiscal a cambio de que les rebaje la pena y, además, se comprometan a devolver lo defraudado.
Lo mismo le ocurrió hace unas semanas al responsable de una empresa hotelera de Cádiz que se hizo en su momento con 50.000 euros de la Junta de Andalucía de manera ilícita.
En este caso, la Fiscalía le pidió hasta cuatro años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación absoluta, que se vieron rebajados a un año y un día de prisión. Eso sí: a cambio de que devolviera la cantidad defraudada.
Se trata de una forma de proceder que también han: seguido el responsable de una carpintería de Jerez, que devolverá a la Junta 25.000 euros de ayuda; o el dueño de una floristería de Huelva, que llegó a cobrar una ayuda de 75.000 euros del mecanismo mediante el cual la Junta de Andalucía financiaba los ERE fraudulentos.
La Junta tiene reconocidos 60 M€
El primer acuerdo de conformidad entre el juez y las partes tuvo lugar en noviembre de 2022. Entonces, el empresario J.B.C., administrador único de la empresa Picos Yeye y Cohollero, radicada en Puerto Real (Cádiz) y dedicada a la fabricación, comercialización y venta de productos de panadería, bollería y pastelería; aceptó restituir una cuantía de 120.000 euros a las arcas públicas.
Pesaba sobre él una condena de año y seis meses de cárcel. Aunque, inicialmente, la Fiscalía elevó la petición de prisión hasta dos años y nueve meses.
La Junta de Andalucía, que mantiene su papel de acusación a título particular, sigue reclamando la devolución de las ayudas que se defraudaron durante años por todas las vías posibles. El dinero ya reconocido por sentencias ascienden a unos 60 millones de euros. No obstante, de las 200 piezas pendientes sólo 78 se han activado. El camino judicial aún se prevé largo.