Nuevo juicio por el Caso de los ERE fraudulentos. El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha dictado auto para enjuiciar como procedimiento abreviado a 21 personas por unas ayudas de 32 millones de euros presuntamente irregulares.
Entre quienes se sentarán en el banquillo de los acusados está el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta con el PSOE, Daniel Alberto Rivera. Junto a él, otras 20 personas se sentarán en el banquillo de los acusados por esta pieza separada del caso ERE.
Esta pieza, en concreto, investigadas presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta dio -cuando gobernaba el PSOE- a la empresa Hilados y Tejidos Malagueños S. A. (Hitemasa).
El juez abre el caso al apreciar indicios de varios delitos: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Por esos delitos responderán los enjuiciados.
Además del exalto cargo de la Junta, están acusados varios directivos y representantes de la empresa malagueña, una decena de "intrusos" (personas que cobraron, presuntamente, sin haber trabajado en la compañía) y dos responsables de la mediadora Vitalia.
Según señalan desde la Audiencia Provincial, "no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento por su participación en estos hechos presuntamente delictivos" contra varios exaltos cargos de la Junta.
Exaltos cargos de la Junta
Se libran de este caso, por consiguiente, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández;el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Francisco Javier Guerrero (ya fallecido) y un ex director general de la agencia IDEA.
¿Por qué no tendrán que responder por esta cuestión ante el juez? Explica el escrito que es porque "ya habrían sido encausados por la perpetración de aquéllos en el procedimiento abreviado relativo a la ilicitud penal del denominado procedimiento específico instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas por parte de los responsables de la Junta".
Es decir, esos exaltos cargos de la administración socialista ya habrían sido enjuiciados por los hechos y no pueden sentarse de nuevo ante el juez.