La Audiencia de Sevilla ha desestimado los recursos de súplica interpuestos por las defensas del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, condenados por el caso ERE, para evitar que el Gobierno andaluz informara sobre las peticiones de indulto de los representantes políticos condenados.
En sus escritos, ambos exdirigentes solicitaron a la Audiencia que no tuviera en cuenta la opinión de la Junta sobre esta medida, que le corresponde otorgar al Gobierno de Pedro Sánchez.
Su letrado se basó en que esta "no era parte en las presentes actuaciones, ni la condena por la que fue solicitado el indulto incluye perjuicio, ni condena por responsabilidad civil". Es decir, que no era perjudicada tampoco.
Así figura en sendos autos emitidos el pasado 26 de febrero por la Sección Primera de la Audiencia y difundidos por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La Sección Primera de la Audiencia ha expuesto, a la hora de responder a estos recursos de súplica, que "el artículo 24 de la Ley del Indulto no exige que la parte perjudicada, sea parte en el expediente".
Como recoge el Ministerio Fiscal en su informe y conoce la parte recurrente, en el procedimiento (judicial de la causa), la Junta de Andalucía ejerció la acusación particular solicitando el sobreseimiento de las actuaciones y posteriormente.
Además, posteriormente, al no ser estimada su petición, se reservó las acciones civiles, desconociéndose si ha ejercitado las acciones civiles y cuál ha sido la intervención del penado en dicha reclamación, recoge el auto.
[La Junta tendrá que pronunciarse como perjudicada en el indulto a José Antonio Griñán]
"La providencia se limita acordar el traslado a la Junta para que alegue lo que estime conveniente respecto de la petición de indulto", zanja la Audiencia, desestimando así los recursos de súplica.
En su momento, el Gobierno andaluz precisó que la Justicia no le ha solicitado que manifieste una opinión o posicionamiento sobre la petición de indulto a Griñán, sino que informe sobre la situación en la que se encuentra la Administración autonómica como perjudicada del caso.
Los servicios jurídicos de la Junta informarán sobre en qué medida se ha podido ver afectada, como podría ser, por ejemplo, si el daño causado a las arcas públicas se ha repuesto, han explicado fuentes del Ejecutivo, aseguraron hace unas semanas.