La Audiencia de Sevilla ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que informe sobre la petición de indulto planteada por el expresidente de la Junta José Antonio Griñán y los otro siete condenados por el caso ERE.
Este informe es el paso previo para el pronunciamiento definitivo sobre la medida de gracia que le corresponde emitir al Ministerio de Justicia.
En una providencia notificada este Miércoles Santo, los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia piden al Ministerio Público que emita su informe, una vez presentado el escrito por la Administración andaluza.
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La Audiencia también solicitó su opinión a la Junta como parte del proceso al haber ejercido la acusación particular en la macrocausa, una circunstancia que provocó la oposición de la defensa del expresidente de la Junta en un escrito, que el tribunal rechazó.
Por su parte, la exconsejera y su mano derecha Carmen Martínez Aguayo también se opuso con el fin de que la Audiencia no tuviera en cuenta la opinión de la Junta sobre esta medida de gracia.
Ambos letrados se basaron en que la Administración "no era parte en las presentes actuaciones, ni la condena por la que fue solicitado el indulto incluye perjuicio, ni condena por responsabilidad civil". Es decir, que no era perjudicada tampoco.
Sin embargo, la Sección Primera de la Audiencia expuso, a la hora de responder a estos recursos de súplica, que "el artículo 24 de la Ley del Indulto no exige que la parte perjudicada, sea parte en el expediente".
"La providencia se limita acordar el traslado a la Junta para que alegue lo que estime conveniente respecto de la petición de indulto", zanjó la Audiencia, desestimando así los recursos de súplica.
En su momento, el Gobierno andaluz precisó que la Justicia no le había solicitado que manifieste una opinión o posicionamiento sobre la petición de indulto a Griñán, sino que informe sobre la situación en la que se encuentra la Administración autonómica como perjudicada del caso.