La Fiscalía Anticorrupción se opone al indulto del expresidente de la Junta José Antonio Griñán condenado a prisión por el caso ERE por malversación de fondos públicos. Considera que la conducta enjuiciada "no puede quedar sin respuesta punitiva" mediante la conmutación parcial de la pena privativa de libertad impuesta.
Los fiscales han presentado un escrito ante la Audiencia de Sevilla dando su opinión sobre la solicitud de esta medida de gracia por parte de los exdirigentes políticos condenados por este caso, ha adelantado la cadena SER. Se han opuesto a las peticiones de todos.
Los fiscales consideran que "la honestidad y honradez" que alega su defensa no puede ser tenida en cuenta cuando se le condena por uno de los delitos más graves cometidos en el seno de la Administración.
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En el escrito remitido a la Sección Primera de la Audiencia, Anticorrupción recuerda que esta medida de gracia únicamente resulta justificada de forma excepcional con el fin de remediar situaciones de "injusticia notoria".
En este escenario, los fines retributivos, de prevención y rehabilitación de las penas no justifican, ni permiten la concesión de un indulto parcial.
Justifican su negativa en que su conducta criminal ha sido enjuiciada con ecuanimidad dentro del marco abstracto de la extensión de las penas contempladas por la ley penal para los delitos objetos de condena, delitos que no requieren un enriquecimiento económico propio. Este es otro de los aspectos que alegaba su defensa.
Los fiscales además en su escrito se remiten a la sentencia del Supremo, quien recogió que este caso es "una forma más de corrupción política", la cual es "incompatible" con un estado democrático de derecho.
Recientemente la Audiencia desestimó los recursos de súplica interpuestos por las defensas del expresidente y de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo para evitar que el Gobierno andaluz informara sobre las peticiones de indulto de los representantes políticos condenados.
En sus escritos, ambos exdirigentes solicitaron que no tuviera en cuenta la opinión de la Junta sobre esta medida, que le corresponde otorgar al Gobierno de Pedro Sánchez.