El PSOE recurrirá al Tribunal Constitucional el cuarto decreto ley de simplificación administrativa aprobado por el Gobierno andaluz el pasado mes de febrero.

El mismo modificó 176 normas, 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes y su objetivo era reducir "al hueso" la burocracia para ganar a Madrid y a Cataluña el liderazgo económico.

Desde el Gobierno andaluz están convencidos de la constitucionalidad del decreto y como aval aseguran que el Ejecutivo de Pedro Sánchez solo planteó una discrepancia por invasión de competencias estatales en materia de suelo, que ya están negociando.

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Se trataría de la segunda corrección que acuerdan ambas administraciones en una de las medidas estrellas de la legislatura. Todo ello, tras la retirada hace unos meses del punto relativo a los cultivos del entorno de Doñana que pidió el Ministerio de Transición Ecológica.

Sin embargo, el PSOE ha insistido en que "sobran las razones, tanto de forma como de fondo", para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el mismo y se ha mostrado confiado en que el Tribunal Constitucional le "dé la razón" en esa iniciativa. La misma llevará la firma de 50 senadores socialistas.

El portavoz adjunto del PSOE-A, Josele Aguilar, ha insistido en que el Gobierno andaluz ha cometido "una chapuza desde el punto de vista jurídico" con este decreto-ley que es "un monumento a la incompetencia".

A su juicio, no se da el requisito de "extraordinaria y urgente necesidad" que justifique su elaboración. Considera que el Gobierno andaluz se ha llevado año y medio para aprobarlo desde que el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, lo anunciara "en septiembre de 2022".

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Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, achaca más bien este recurso a "un interés político" de los socialistas andaluces.

De hecho, ha detallado que el Gobierno ha presentado 16 recursos en el Constitucional contra medidas de la Junta de Andalucía y en 14 se ha llegado a un acuerdo en la Comisión Mixta.