EL Gobierno andaluz ya prepara su propio recurso contra la Ley de Amnistía que llevará al Tribunal Constitucional. La considera como "un veneno" contra la igualdad de los españoles con una consigna que va en contra de la separación de poderes.
Aunque la norma no entrará en vigor hasta que no se publique en el BOE, lo que se prevé después de las elecciones europeas, el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado conminar a los servicios jurídicos la elaboración del recurso. Para presentarlo tienen tres meses, pero la Junta lo quiere elevar al Tribunal Constitucional cuanto antes.
Aunque no ha desvelado las principales razones que se reflejarán en ese informe, por las que Andalucía se ve afectada en términos de desigualdad, sí ha insistido en que la norma es "injusta y claramente inconstitucional" y "no es buena" ni en términos institucionales ni económicos ni para garantizar la integridad territorial de España.
Aunque vayan a presentar otras comunidades este recurso, niegan que sea una estrategia del PP, sino de cada territorio. Sanz pone como ejemplo que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también vaya a elevarlo. "Es una decisión nuestra en defensa del interés de los andaluces de protección de la comunidad y de la Constitución".
EL Gobierno andaluz reconoce que las Cortes Generales tienen atribuido el ejercicio de la potestad legislativa, pero la misma está "sujeta a límites, debiendo ejercerse de manera que no vulnere la Constitución ni suponga una reforma encubierta de la misma".
En este sentido, la Junta considera que la ley aprobada por el Congreso de los Diputados "vulnera normas y principios constitucionales". Ha puesto como ejemplo el principio de separación de poderes al existir "una clara intromisión del Legislativo".
Por otro lado, según ha agregado, vulnera el derecho de los españoles a la igualdad ante la ley al establecer arbitrariamente que por unos mismos hechos ilícitos y en un mismo ámbito temporal "unos españoles deberán responder mientras otros quedan exonerados de cualquier responsabilidad penal, administrativa y contable".
También vulnera, a juicio del Gobierno andaluz, el principio constitucional de seguridad jurídica. A su juicio, lo hace al definir un supuesto de hecho que quiebra la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y en su previsibilidad al abrir un espacio de impunidad en el que solo para determinados ciudadanos las leyes no se aplican.
Asimismo, según Sanz, también se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de quienes hayan sido víctimas de los delitos a los que se aplica la amnistía.
Entre los perjudicados, según la Junta, se encuentran los poderes públicos cuando el delito amnistiado es el de malversación de caudales públicos o quienes hayan sufrido daños en sus personas o en sus patrimonios, como los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Asimismo, desde el Ejecutivo andaluz alertan de que la amnistía supone la extinción de las responsabilidades civiles y contables, de manera que los menoscabos de fondos públicos "quedarán impunes".
No obstante, en el citado recurso no se puede pedir la suspensión cautelar en la aplicación de la ley porque las comunidades no tienen esa capacidad en estos casos.