"¿Alguien en España tenía alguna duda de lo que iba a decir el Tribunal Constitucional sobre el caso ERE?". Esa ha sido la pregunta retórica que ha expresado el portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, al enterarse en plena rueda de prensa del consejo de gobierno que el TC iniciaba hoy el camino para anular también el delito de malversación.
En concreto, se trataba de la sentencia de quien fuera director general de la IFA/Agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, que supone anular su condena a prisión por malversación. De hecho, la Audiencia de Sevilla ya ha ordenado su inmediata puesta en libertad.
A su juicio, "lo más preocupante es que esto no es noticia" a partir de esa premisa de que a nadie iba a sorprender la consideración del Constitucional a partir del aparente precedente que sentó con la exconsejera Magdalena Álvarez al anular en su caso la prevaricación.
El portavoz cree que una de las consecuencias de esta línea de pronunciamientos del Constitucional en el caso es que "ahondan en el descrédito de instituciones muy altas de nuestro Estado Derecho" por "la injerencia clarísima de la mano de este Gobierno".
No obstante, Fernández Pacheco ha insistido en que "el empeño principal del Gobierno andaluz es recuperar hasta el último céntimo" que pertenece a los parados andaluces. Todo ello ante la más de 100 piezas judiciales que quedan por juzgar.
De ahí que haya expresado su temor que este fallo del TC complique su recuperación. Casi 15 años después de que se iniciara la investigación, la Junta de Andalucía admite que solo ha recuperado 27 millones de euros en los distintos procesos iniciados de los 679 millones defraudados. El motivo es que la malversación era "la base que lo permitía"-
Por último, ha argumentado que a los exaltos cargos socialistas condenados "no los condenó el PP, fueron los jueces" y ha leído un pasaje de la sentencia del Tribunal Supremo, órgano judicial donde ha recordado que "no hay ningún excargo del PP, no como en el Constitucional", en referencia al hoy magistrado y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha votado a favor de la anulación.