Javier Márquez, el que fuera director general de Empleo de la Junta de Andalucía en sustitución del luego fallecido Francisco Javier Guerrero, espera en prisión desde el pasado mes de marzo que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su implicación en el caso de los ERE.
El exalto cargo del Gobierno socialista puede ver cómo el alto tribunal dicta su puesta en libertad por ese caso de corrupción. Sin embargo, no saldría a la calle porque está implicado también en otro, conocido como caso Umax, según adelanta ABC.
Por ese caso, Márquez, junto a otros altos cargos de la Junta, fue condenado prisión por delitos de malversación y falsedad documental a una pena de 5 años y 3 meses de prisión y 9 años de inhabilitación.
Así pues, la resolución del Constitucional, que ha sacado de la cárcel a otros exresponsables de los gobiernos del PSOE en Andalucía, podría no dejarle libre.
Según fuentes de su defensa, "no es cierto que Márquez creara la red de contratación porque fue absuelto de esto". Se refieren a los hasta 44 contratos que se dieron en una empresa sin control alguno amparado por la Consejería de Empleo.
La defensa del exalto cargo de la Junta detalla que Márquez fue condenado no por hacer sino por dejar hacer. Es decir, "por omisión", puesto que, razonan, "no hizo nada para que FAFFE y SAE no celebrara contratos menores con Umax". De ahí, añaden, que presentaran un incidente de nulidad sobre el proceso y la sentencia.
"No se practicó prueba"
Añaden que Márquez "no tenía ninguna potestad sobre FAFFE ni siquiera podía saber con quien contrataba. FAFFE tiene su propio director general y presupuesto y todo lo hace el director de FAFFE con su presupuesto" y que, sobre esto "no se practicó prueba, es decir, no se acreditó que los contratos no se cumplieran".
Añaden que Márquez "no pagó a Umax" nada sino que los pagos los hacía "FAFFE y el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)".
La Justicia, hasta ahora, no lo ha visto así. Como se ha señalado, Márquez está condenado a cinco años de prisión y tres meses por dos delitos que le implican en este presunto caso de corrupción.
Cabe recordar que el Tribunal Supremo le rebajó la pena de los ERE y le suspendió la entrada en prisión a la espera de que el Gobierno tramitara el indulto.