Esta es la situación de los condenados del caso ERE tras el borrado del TC: solo dos siguen en prisión

Desde aquel 19 de noviembre de 2019 cuando la Audiencia de Sevilla condenó a 19 de los 21 ex altos cargos del PSOE andaluz acusados por el caso ERE que se sentaron durante 152 sesiones judiciales en el banquillo, ha llovido mucho.

Tanto que, casi cinco años después, solo dos de aquella veintena continúan en prisión y uno de ellos, el ex director general del Trabajo Juan Márquez, lo está por otra causa: permitir una red de enchufes en la administración andaluza, conocida por el caso Umax.

Todos los demás están absueltos, exonerados en parte o han visto anuladas parcialmente sus condenas, pero todos en libertad. Al menos hasta que la Audiencia dicte nuevas sentencias después de que el pleno del Tribunal Constitucional haya completado en esta semana el círculo del desmantelamiento de la macrocausa.

El proceso culminó este miércoles con el amparo a Gaspar Zarrías, quien fuera la mano derecha del expresidente de la Junta Manuel Chaves y el día antes con el del propio Chaves y su sucesor José Antonio Griñán.

De hecho, este mismo jueves Chaves regresará a la sede regional del PSOE de Andalucía -sita en la calle San Vicente de Sevilla- para dar una rueda de prensa en la que reivindicará la gestión de sus gobiernos. 

Respecto a Juan Márquez el Constitucional ha desestimado por unanimidad el recurso de amparo del que fuera el sucesor del principal acusado de la macrocausa, el fallecido Francisco Javier Guerrero. La sentencia declara que los órganos judiciales no han vulnerado el derecho a la presunción de inocencia.

La corte de garantías considera que participó en las modificaciones presupuestarias de los años 2008 y 2009. Es decir, todos los magistrados creen que Márquez fue "consciente y conoció la totalidad de las irregularidades que se estaban cometiendo". No obstante, tanto Márquez como Barberá tienen solicitado el indulto al Gobierno.

En cualquier caso, el Tribunal Supremo le rebajó a más de la mitad -de siete a tres años- la condena impuesta por el reparto de ayudas sin control al apreciar su esfuerzo por corregir parte de las deficiencias del sistema, por lo que aplicó la atenuante analógica de reparación del daño como muy cualificada. Además, le suspendió la pena hasta que el Gobierno decidiera sobre su indulto.

El segundo que sigue en prisión es el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el cual lleva un año y tres meses de la condena de siete que ratificó el Supremo. Él fue el único de los penados con cárcel que no interpuso el recurso de amparo a la corte de garantías y recientemente la Audiencia le desestimó su solicitud de libertad porque no se puede extender los efectos aplicados a los que sí recurrieron.

Pero además, cuenta con otra derivada, sus graves problemas de salud. A sus 66 años, está enfermo desde hace una década. Padece un tipo de cáncer denominado Tumor de Estroma Gastrointestinal (GIST) "muy grave y muy raro, que afecta a las partes blandas y es incurable", cuentan fuentes familiares. 

Ya le han denegado el tercer grado en tres ocasiones, aunque su nueva defensa lo ha vuelto solicitar y la petición se encuentra en trámite en los juzgados de El Puerto de Santa María. 

Otro ex alto cargo al que el TC no exonera es el exconsejero de Empleo José Antonio Viera. Fue el primer recurso que abordó hace un mes y el primero que desestimó. No obstante, Viera abandonó la cárcel de Huelva en junio de 2023 donde cumplía siete años de prisión al acceder al tercer grado por el cáncer de próstata contra el que sigue luchando, pero en su domicilio.

"Hubo un gran fraude"

Por tanto, al igual que dijo el expresidente de la Junta José Antonio Griñán al salir de declarar ante el Tribunal Supremo en 2015, "no un gran plan (para defraudar), pero sí hubo un gran fraude" y eso significa que "alguno de los controles pudo fallar", el TC sí admite que hubo malversación, pero la reduce a un periodo concreto y a la Consejería de Empleo.

De hecho, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, aunque abandonó la prisión de Puerto III hace unos días, es el que peor parado sale. Además, cuenta con más causas y condenas pendientes.

Aunque también ha sido amparado por la corte de garantías en cuanto a la vulneración del principio de legalidad penal en los delitos de prevaricación y malversación, en cambio, no apreció la vulneración de su presunción de inocencia. El tribunal lo consideró conocedor del desvío de dinero a fines distintos de los fijados en el citado programa.

Por tanto, de aquellos 21 primeros inculpados, Guerrero falleció y otros dos de ellos, Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta de Andalucía, y Francisco del Río, exjefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, fueron absueltos en su totalidad por la Audiencia. 

Posteriormente, de los 19 condenados por este tribunal, el Supremo absolvió a los tres acusados de menor nivel político: los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado y Lourdes Medina. 

En total, mantuvo nueve penas de cárcel, de las que únicamente en la actualidad la está cumpliendo Barberá. Las demás fueron inhabilitaciones.

En cualquier caso, la Audiencia de Sevilla debe emitir nuevas sentencias en las próximas semanas y podría penar de nuevo con cárcel a algunos de estos ex altos cargos. No sería el caso de José Antonio Griñán ni de la que fuera su mano derecha, Carmen Martínez Aguayo pues su malversación ha sido tumbada al completo por el Constitucional.