El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quiere engrasar los motores de su Ejecutivo en esta segunda mitad de la legislatura. Sobre todo, para llegar con las menos vías de agua y el menor desgaste posible a la cita con las urnas en la primavera de 2026.
El último barómetro del Centra, elaborado justo cuando se cumplieron dos años de las últimas elecciones andaluzas, le mantiene intacta su mayoría absoluta de 58 escaños, incluso le proporciona uno más. Pero desde el Gobierno andaluz quieren atar una nueva victoria en las urnas.
Sobre todo tras el varapalo que ha supuesto la excarcelación de los condenados por el caso ERE tras el borrado de los delitos por parte del Tribunal Constitucional.
De ahí que Juanma Moreno haya aprovechado la salida en las pasadas elecciones europeas de la exconsejera de Agricultura, Carmen Crespo, para acometer profundos cambios en su Gobierno con dos objetivos principales: agudizar su perfil político para pelear la financiación y dar más peso técnico a las Consejerías de Salud y Educación.
Estas dos últimas han sido las más cuestionadas por organizaciones sindicales, profesionales y por la oposición política. De hecho, la oposición, desde el PSOE a Vox, ha cargado contra Juanma Moreno tras el anuncio de estos cambios, al considerarlos como "una autoenmienda a su gobierno y a su gestión".
El presidente, no obstante, ha intentado hilar fino, sobre todo a la hora de no prescindir de ninguno de sus primeras espadas. Lo que ha hecho exactamente es mover a los titulares de cinco carteras y la portavocía.
Al poner al frente de esta última a la consejera de Hacienda, la malagueña Carolina España, Moreno quiere lanzar otro mensaje. La responsable de las cuentas públicas será la que defenderá cada martes su gestión frente a las críticas de la oposición y la que batallará con el Gobierno central y con la ministra andaluza María Jesús Montero para que Andalucía reciba la misma financiación que Cataluña.
Se trata de un perfil político más combativo que el de Ramón Fernández-Pacheco, que lleva ostentando el cargo desde hace casi dos años y que se queda con la cartera de Agricultura y abandona la de Sostenibilidad. Esta pasará a manos de Catalina García, la extitular de Salud, una de las más cuestionadas y sobre la que muchos apuntaban a su cese.
Sobre todo por la saturación que sufre el área de Atención Primaria, las listas de espera u otras situaciones adversas como la protagonizada por su ex número dos, Miguel Ángel Guzmán, fichado como director médico de una aseguradora privada a los pocos meses de dejar su puesto y tras haberle adjudicado contratos millonarios. Una circunstancia que al final no se consumó y que provocó que el Gobierno andaluz endureciera las puertas giratorias con una modificación de la ley.
Precisamente, al frente de esta Consejería ha designado a Rocío Hernández Soto, pediatra de profesión y directora gerente del área sanitaria Aljarafe-Sevilla Norte. Además, es la presidenta de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria (Sedap) con el objetivo de aliviar el mayor talón de Aquiles de la política andaluza: la saturación de los centros de salud.
El otro perfil técnico e independiente será el de Carmen Castillo, inspectora de Educación y exviceconsejera con el fallecido Javier Imbroda en la pasada legislatura, que sustituirá a Patricia del Pozo. Precisamente la gestión de esta cartera ha sido, junto a la de Salud, una de las más cuestionadas.
Sin embargo, del Pozo, que ya fue consejera de Moreno en el anterior mandato, no sale del Gobierno. Con su movimiento, Moreno intentará atajar otro de los problemas que tenía sobre la mesa: potenciar la Cultura independientemente del Turismo.
De ahí que ella se vaya a encargar a partir de ahora del departamento de Cultura y Deporte, que queda desgajado de la de Turismo. Al frente de esta última seguirá Arturo Bernal también en la diana por la petición de ayuntamientos del PP de implantar la tasa turística o el anuncio del cobro en los museos.
En estos dos meses el presidente ha mantenido en tensión a sus consejeros, y a sus correspondientes equipos, al examinar con lupa su gestión antes de tomar esta decisión, que ha llevado con bastante hermetismo. El misterio lo desveló a los propios afectados uno por uno horas antes de anunciarlo a través de un vídeo en directo y justificar los motivos.
Aunque en resumidas cuentas, con estas modificaciones sus objetivos principales han sido blindarse en el ámbito político y despolitizar de alguna manera las carteras de Salud y Educación. Realmente estas son las que inciden más directamente en los ciudadanos y por las más pueden juzgar su gestión.