La tramitación del anteproyecto de la Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) ya está en marcha tras el visto bueno del Consejo de Gobierno. El objetivo es conformar un sistema más competitivo, más internacional y acotar la creación de centros privados.
De ahí que una de las principales novedades que recoge el texto es que, a partir de octubre de 2029, los alumnos deberán acreditar un B2 en idiomas. Para ello, se dispondrán de una serie de fondos para que los centros puedan ayudar a los estudiantes y profesores que así lo necesiten.
Otro de los fines de la norma es garantizar por ley el derecho a la bonificación de los precios de la matrícula. "Ello permitirá blindar la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza académica", ha asegurado el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
A su vez, la nueva normativa prevé la obligación para las universidades privadas de reservar un 3% de sus ingresos anuales para destinarlos a becas y ayudas al estudio. También que un 5% de sus presupuestos sirvan para financiar planes propios de investigación.
El nuevo texto legal quiere cercar también a este tipo de centros. Para ello, el Gobierno andaluz elevará los requisitos para poder abrir una institución académica privada en Andalucía. Entre ellos, que los promotores y gestores de las iniciativas dispongan de una trayectoria "contrastada" en el servicio público de educación superior.
En materia de financiación, con el fin de dar mayor seguridad y garantía al sistema, la ley recoge la posibilidad de que las universidades incorporen a su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) la figura de un interventor.
Retención del talento
Otro de los objetivos es la retención del talento, de forma que los profesores universitarios logren su estabilización en torno a los 35 años frente a los 45 de la actualidad.
Para ello, el anteproyecto introduce una serie de medidas entre las que destacan la posibilidad de que el Personal Docente e Investigador (PDI) colabore con otros agentes del sistema del conocimiento o que se adscriba a cualquier otra administración durante seis meses para adquirir nuevos conocimientos o reciclarlos.
De igual modo, introduce figuras profesionales en el profesorado para dar estabilidad y adelantar el inicio de la carrera académica, como es el caso del ayudante doctor, que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) había eliminado previamente, y el del ayudante doctor vinculado al sistema sanitario.
Estos perfiles, junto a los programas posdoctorales de excelencia, garantizarán un relevo generacional de calidad que refuerce el sistema universitario.
La norma también aboga por limitar los contratos de profesores sustitutos y por transformar esos cuerpos en figuras estructurales, con el fin de eliminar la precarización laboral de la plantilla universitaria.
En política de personal, el texto plantea que Andalucía no aplicará a los programas dedicados a la captación y retención del talento la limitación de 120 horas lectivas que impuso la LOSU a la dedicación del profesorado.
Modelo de financiación común
En el articulado también se determina la disposición de un modelo de financiación común para el conjunto de las universidades públicas, revisable cada cinco años, que tendrá que contar con una estructura ya definida en tres grandes bloques.
El primero alude a la financiación básica armonizada, destinada a cubrir los costes necesarios del sistema público para prestar los servicios académicos, de investigación y de transferencia de conocimiento y hacen referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento.
El segundo se refiere a la financiación según resultados, articulada a través de los contratos programas. Y el tercero, a la nivelación, que, atendiendo a las singularidades de cada una de las instituciones académicas, permitirá corregir posibles desviaciones producidas por la aplicación de otros modelos anteriores.
Impulso a la formación continua
Otro de los aspectos en los que profundiza el anteproyecto es el impulso a la formación continua, con el reconocimiento de títulos propios de las universidades y microcredenciales, con los que los estudiantes podrán mejorar sus competencias de manera flexible y más ajustada al mercado laboral.
En materia de coordinación, se creará el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria para ampliar la representación del actual Consejo Andaluz de Universidades. También se fija la puesta en marcha de un Consejo Asesor de Estudiantes de las Universidades Públicas de Andalucía y de un observatorio de datos.
Además de esa renovación normativa, también se han puesto en marcha otros cambios estructurales. Tales como el nuevo modelo de financiación, la aprobación del decreto de ordenación de enseñanzas o la mejora salarial y laboral de docentes e investigadores y del personal técnico, de administración y servicios.