"Ser un oasis en medio del ruido político". Ese es el objetivo que se ha marcado el Gobierno andaluz en el arranque del curso político. Ya lo anunció el presidente de la Junta, Juanma Moreno, hace dos semanas en la reunión que mantuvo con los líderes de los cinco partidos de la oposición en Andalucía para abordar la financiación autonómica.
El encuentro también tenía como fin abrir una línea de diálogo permanente y mensual y buscar acuerdos sobre los principales asuntos que afectan a la comunidad y que sirva de guía para lo que queda de legislatura.
Moreno englobó las propuestas en un decálogo de medidas la puesta en marcha de una ley integral de Salud. También de una ley de Vivienda; la ley Digital; la ley de la Ciencia y un plan estratégico de Trabajo Autónomo.
Asimismo incluye un impulso a la Formación Profesional; la actualización del POTA, un mapa de infraestructuras, sin olvidarse de la defensa de la igualdad en el debate de la financiación autonómica. Moreno quiso que la oposición se retratara al respecto sin encontrar apoyo en sus líderes.
Para abordar estos asuntos está previsto que a lo largo de esta semana se inicien las reuniones sectoriales entre las consejerías y los grupos parlamentarios. Todo ello después de que el pasado jueves tuvieran una primera toma de contacto el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, y el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, a petición de este.
La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Carolina España, valora la disposición de los partidos para dialogar y negociar sobre estos asuntos. "Nos parece un buen punto de partida que, ante tanto ambiente tóxico en el resto de España, Andalucía sea un oasis en cuanto a ese diálogo".
"Desde el Gobierno andaluz siempre tenemos la mano tendida al diálogo, tratando de buscar el consenso y el acuerdo. Eso es lo que diferencia a esta administración, a la Junta de Andalucía, de otras administraciones", precisó este lunes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Sin embargo, la admisión a trámite por un juzgado de la denuncia formulada por el PSOE sobre la adjudicación por parte de la Junta de en torno a 300 millones de euros mediante contratos de emergencia sanitaria dos años después de la pandemia de la Covid-19 ha subido los decibelios de ese ruido político. También ha agrandado la brecha entre el Gobierno y la oposición.
Desde la Junta lo ven como "un mero trámite administrativo" y aseguran estar "tranquilos", pero desde la oposición, sobre todo los socialistas, lo consideran el primer "caso de corrupción" del Gobierno de Moreno.
La oposición, "excéptica"
La semana pasada la oposición se mostró escéptica al respecto por los antecedentes de la legislatura y resultó curioso que el mismo día que Juanma Moreno se lo comunicó, ninguno de ellos hizo alusión a dicho decálogo.
Finalmente, el documento llegó a manos de todos y el consejero de la Presidencia se mostró confiado en que "aprovechen esta oportunidad, que el PP no tuvo" cuando gobernaba el PSOE.
En concreto, desde las filas del PSOE se pide un "diálogo sin imposiciones y pactar previamente los asuntos a abordar", según informa EFE.
En términos similares se expresaron el resto de los grupos de la izquierda de la buena voluntad del Gobierno de Moreno. Consideran que no deja de ser una oferta "de cara a la galería" cuando durante la legislatura ha usado "el rodillo" parlamentario.