El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado que será la Fiscalía Anticorrupción quien investigue la denuncia del PSOE sobre un presunto caso de adjudicación de contratos públicos en el Servicio Andaluz de Salud.
En este asunto, además, los socialistas se han personado también como acusación particular, señalan fuentes del TSJA, quienes confirman que el partido ha formalizado esta cuestión.
Los socialistas llevaron a los tribunales la asignación de contratos en el SAS por valor de casi 300 millones. Según defienden, este dinero se habría asignado a contratos que se dieron a clínicas privadas mediante contratos de emergencia sanitaria.
Desde la Junta de Andalucía han explicado que este tipo de contratación se amparaba en la norma de urgencia que la pandemia de Covid-19 facilitó. Además, indicaron que el propio PSOE, cuando estaba al frente de la Junta, usó ese mismo sistema de urgencia para la asignación de contratos.
El Gobierno andaluz siempre ha defendido que este método de contratación no es ilegal, puesto que ya se había usado en el pasado.
Pandemia de Covid
Sin embargo, el PSOE sostiene que, desde 2021, las administraciones no podían seguir usando esta forma excepcional de contratación pública que amparaba la ley. Y añaden que la Junta siguió echando mano de este sistema.
Según el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, la Consejería de Salud llevó a cabo a su juicio, "adendas y prórrogas de contratos de emergencia anteriores durante la época de Covid, estirando la posibilidad de no tener que someterse a procedimientos ordinarios, a concursos", y todo ello "por unas cantidades que al final prácticamente alcanzan los 300 millones de euros".
Mientras el asunto incluye el supuesto fraccionamiento de contratación en el Servicio Andaluz de Salud en 2021 para convertirlos en contratos menores y con ello sometidos a una menor fiscalización, Espadas enfatizaba que "lo que hay por delante es la investigación al Gobierno" de Moreno "por irregularidades claras, graves, y por prácticamente 300 millones de euros de contratación pública a dedo".
El Gobierno andaluz, de su lado, viene alegando que en 2021 la situación era "prácticamente de pleno Covid y el objetivo era salvar vidas".