Imagen de archivo de un médico del Servicio Andaluz de Salud. Sevilla
Andalucía
Informes de Salud avalan los contratos del SAS que denuncia el PSOE por "evidentes razones de interés general"
- Los socialistas piden que la Justicia investigue también la gestión de Susana Díaz al solicitar la revisión de contratos de la Junta desde 2015.
- Más información: El Tribunal de Cuentas archiva la investigación sobre contratos del SAS: no hay "responsabilidad contable"
"Existen evidentes razones de interés general para la continuación de la prestación objeto de la contratación de emergencia de servicios de asistencia sanitaria". Así de claro es le informe del jefe de los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sobre los contratos marco por emergencia sanitaria que el PSOE ha llevado ante el juez.
El entrecomillado es del informe de 2022. Pero hay más informes. En el año anterior, cuando el Gobierno andaluz prorrogó los contratos marco por la vía de urgencia, los servicios jurídicos también avalaron la medida.
Entonces, los servicios jurídicos explicaron que los expedientes que ahora investiga Anticorrupción, previa denuncia del PSOE, eran "susceptibles de prórroga en base a las previsiones del artículo 29.4 in finen LCSP" (Ley de Contratos del Sector Público).
Estos informes, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, vendrían a demostrar que la prórroga que se hizo durante los años 2021 y 2022 venían avalados por lo servicios jurídicos del SAS.
Dichos informes, además, no se emitieron de oficio. Los solicitó el propio Gobierno andaluz para aclarar si podían o no proceder como lo estaban haciendo. Y les dieron la razón: había "evidentes razones de interés general" para que se prorrogaran las contrataciones por el sistema de emergencia.
Dudas del PSOE
La denuncia del PSOE, sin embargo, pone en duda esta cuestión. Señala que no había base jurídica para la contratación de emergencia que se declaró durante la pandemia y, mucho menos, añade, para que se prorrogara durante algo más de dos años este proceder.
"No existía causa Covid", argumenta la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, cuando habla de los contratos de 2021 y 2022.
Aseguran de hecho en el escrito enviado al juez que había una "previsibilidad de contratación" que era "indiscutible" y esto se demuestra en que los primeros 70 millones de euros que se autorizaron por la vía de urgencia no se gastaron de inmediato sino que se fueron usando a lo largo de 2020.
La denuncia del PSOE guarda, además de la argumentación legal sobre sus sospechas en la gestión de los fondos sanitarios, una sorpresa: apunta a Susana Díaz, expresidenta de la Junta y exsecretaria general de los socialistas andaluces.
Esto es así porque el escrito legal del PSOE pide que se revisen los contratos y gastos del SAS desde el año 2015. En ese momento, cabe recordar, estaba al frente del Gobierno andaluz Susana Díaz, que acabaría perdiendo la Junta ante la coalición del PP con Ciudadanos y la secretaria general de su partido ante el actual líder, Juan Espadas, en una batalla más que tensa.
Pandemia de Covid
Para entender este asunto legal hay que viajar a primeros de 2020. Entonces la OMS (Organización Mundial de la Salud) declara la pandemia mundial por el Covid-19 y los sistemas sanitarios colapsan. Esto es algo que reconoce el PSOE en su denuncia, aunque lo atribuye, además de al coronavirus, a una cuestión estructural.
Sea como fuere, en la situación de absoluta alarma, se arbitran desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) una forma de contratación muy rápida para, explican desde el Gobierno andaluz, "salvar vidas". El primer marco para este tipo de contratos sanitarios es de 70 millones de euros y se establece al inicio de la pandemia.
A finales de ese año, previa consulta del Gobierno andaluz, la asesoría jurídica del SAS señala que los contratos son "susceptibles de prórroga". No señala cuantía, pero sí fija un límite, que es de nueve meses.
Con el visto bueno de los servicios jurídicos, se prorroga el marco de contratación exprés y se amplían los 70 millones a 125. Como se había indicado por los juristas, la prórroga se limita a nueve meses, hasta septiembre del año siguiente.
Hasta septiembre
En junio del 2022 se amplía de nuevo la cuantía que puede usarse para este tipo de contratos hasta los 226 millones. Hasta septiembre, cabe recordar, no expiraba el límite temporal de la prórroga.
El sistema se amplía una vez más. Ahora solo por tres meses, seis menos que lo que habían dictado los servicios jurídicos. Y se suman ocho millones de euros. La nueva prórroga llegaría en diciembre de 2022, hasta mayo de 2023.
Cuando llega mayo, la OMS desactiva la pandemia de Covid. El Ministerio de Sanidad hace lo mismo en julio. En todo caso, ambas fechas son posteriores a la última prórroga de los contratos.
Denuncia del PSOE
La denuncia del PSOE señala, sin embargo, que "se ha utilizado espuriamente el procedimiento de emergencia sin que existiere justificación fáctica un jurídica para ello, adjudicando sin el menor control ni procedimiento importes cien millonarios de contratos públicos a dedo".
El escrito de los socialistas reconoce que la orden primigenia, la de enero de 2020 que luego se prorrogó era "pertinente aunque tardíamente comunicaba al Consejo de Gobierno".
La denuncia señala dos cuestiones: que había posibilidad de previsión para la contratación y, por lo tanto, no era necesario un sistema exprés, y que, pasado enero de 2020, la pandemia no era problema para poder contratar servicios y productos sanitarios por esta vía.
"De manera inconcebible, tras dos años completos abusando de manera torcida de los contratos de emergencia sin que existiere el menor motivo", indica la denuncia, que descarta que la pandemia mundial justificase este procedimiento de emergencia.
"Precios arbitrarios"
El escrito del PSOE indica que las contrataciones denunciadas "fueron seguidas de actos singulares de contratación con empresas concretas a precios presuntamente arbitrarios fijados unilateralmente por la Administración".
Esto, argumentan, supuso un menoscabo para las arcas públicas, puesto que en un proceso ordinario de libre competencia se habría, creen, ofertado precios más bajos. De ahí que calculen que lo que pagan las concesionarias es, de media, un 10 % menos que el precio que sale a concurso y, por lo tanto, gracias a una regla de tres, la Junta dejó de ingresar unos 25 millones de euros. Aproximadamente el 10 % de los en torno a 250 millones del fondo de emergencia del SAS.
