Salud fue la primera cuestión que abordó el Gobierno andaluz. La primera medida fue la de renovar el liderazgo al frente de la cartera y poner a Rocío Hernández, una mujer acostumbrada a la gestión sanitaria y hospitalaria.
En el caso de vivienda, la estrategia es doble: por un lado se acaba de aprobar un Decreto ley de medidas urgente en materia de vivienda. Eso se suma a la aprobación reciente del anteproyecto de Ley del Turismo Sostenible de Andalucía que aplica la mano dura contra quienes oferten servicios no registrados o "clandestinos" y eleva las multas por infracciones hasta los 600.000 euros.
El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reconocido en más de una ocasión el que la Salud y la vivienda son temas claves para los ciudadanos. Los andaluces tendrán muy presentes ambos cuando acudan a las urnas el próximo año. Lo saben y no quieren dejar esos flancos al descubierto ahora que el PSOE rearma su proyecto en la comunidad.
En el caso de la vivienda, el Gobierno andaluz se plantea dos frentes de batalla: por un lado la construcción de 20.000 casas de protección oficial para alquiler asequible. El objetivo está en los jóvenes y quienes tienen una renta más baja, que son los que tienen más complicación a la hora de acceder a una vivienda en el actual mercado recalentado.
Más oferta de pisos
Así, esta misma semana se ha aprobado el Decreto ley de medidas urgente en materia de vivienda, un "plan de choque", defienden desde el Ejecutivo andaluz, que quiere, además, "ampliar la oferta de solares para uso residencial protegido, autorizar mayor densidad de viviendas en parcelas que se destinen a VPO, crear una bolsa de suelo con los ayuntamientos e incluir promociones residenciales en la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP)".
En realidad, el Ejecutivo de Juanma Moreno ya preparaba la nueva Ley de Vivienda. Pero no quieren esperar a la tramitación de la misma. Hay urgencia por abordar el problema porque han detectado que supone un condicionante muy importante para muchos de los andaluces y, también, porque las elecciones son en poco más de un año.
Así, el mismo Gobierno andaluz reconoce que han querido "anticipar algunas medidas dentro de este plan de choque para su aplicación con carácter urgente".
De esta forma, el decreto se marca como primer paso la ampliación de la oferta de suelo para vivienda protegida, "mediante cambios de uso, densidad y edificabilidad en parcelas aptas para la edificación y que no requieren de obras urbanización".
Esto quiere decir que terrenos que estaban destinados a otras cuestiones como gimnasios, por ejemplo, puedan ser para construir vivienda protegida. El límite estará en los servicios públicos. No se podrá cambiar el uso a terrenos que eran para uso sanitario o educativo. Ni colegios ni centros de salud se tocan.
Además, en las parcelas para vivienda libre se podrá incrementar un 20% la densidad de viviendas y su edificabilidad de manera proporcional. Mientras, en las parcelas para vivienda protegida, el incremento también podrá ser del 20% y la edificabilidad del 10%.
El plan de choque impulsado de la Junta de Andalucía también pone en marcha medidas como la posibilidad de incorporar promociones con un número significativo de viviendas protegidas a la Unidad Aceleradora de Proyectos, que supondrá una mayor agilización en su tramitación, con la condición de que los proyectos residenciales sean de, al menos, 250 viviendas protegidas.
También podrá asignarse el desarrollo de suelo residencial que contemple más de 500 viviendas, con la correspondiente reserva de suelo para vivienda protegida y que implemente medidas adicionales de desarrollo urbano sostenible. Esta incorporación a la Unidad Aceleradora de Proyecto debe ir aparejado al compromiso del ayuntamiento de tramitar de urgencia todos los procedimientos de su competencia.
Más andaluces
Las medidas que facilitan el acceso a la vivienda protegida, además, buscan llegar a más andaluces. Por ello se actualizan los máximos que se pueden cobrar las familias para comprar o alquilar una VPO.
Así, se amplía los límites de ingresos hasta 5,5 veces el IPREM para las viviendas de régimen general, y hasta 7 veces el IPREM en régimen de precio limitado.
"El acceso a la vivienda de los andaluces ha sido una de las prioridades de la Junta de Andalucía en los últimos años. Desde 2019 se dio un giro a la política de vivienda bajo la premisa de impulsar la construcción de viviendas en alquiler a precio asequible", indican.
A la construcción de VPO se suma otra cuestión: poner coto a los apartamentos turísticos. Este es uno de los grandes problemas para los ayuntamientos, que ya tienen capacidad para gestionar esta realidad.
Sevilla y Cádiz
De hecho, consistorios como los de Sevilla o Cádiz y han puesto en marcha medidas para frenar la expansión de los pisos para alquiler temporal. En el caso de la capital hispalense, por ejemplo, se estableció un tope de un 10 por ciento de estos alojamientos por barrio. Llegados a esa cifra, no se puede poner ni uno más.
¿Qué aporta la Junta en este caso? La respuesta la tiene la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, que ya ha llevado al Consejo de Gobierno el anteproyecto de Ley del Turismo Sostenible de Andalucía.
El mismo se pone serio contra los pisos turísticos que incumplan la ley. Así, eleva las multas hasta los 600.000 euros. Además, la Junta incluirá por primera vez a las empresas o plataformas que oferten servicios no registrados o "clandestinos".
A eso se suma el "refuerzo" de la inspección que acompaña a este incremento de las sanciones se complementa con el uso de tecnología y Big Data, según explicó el titular de Turismo, Arturo Bernal cuando presentó estas novedades.
Pisos turísticos
Además, las viviendas de uso turístico pasarán a estar recogidas como una modalidad más de alojamiento en Andalucía. "Hasta ahora no se recogían y son tan válidas como alojamiento como la demás tipología. Deben ser cubiertas por la Ley para aplicarles el régimen sancionador y para tener los mismos derechos y deberes que los demás", ha argumentado Arturo Bernal.
Ese control, se entiende desde el Gobierno andaluz, tendrá un doble efecto porque permitirá poner coto a los pisos que incumplen, liberando casas para el mercado común y, además, tendrá a las empresas que gestionan estos alojamientos temporales dentro de un marco normativo más claro y, además, más estricto.
En el caso sanitario la medida estrella tiene que ver con los centros de salud. La Consejería de Salud y Consumo ya aplica un nuevo modelo por el que si un ciudadano no consigue cita con su médico puede elegir que le llame, antes de 72 horas, un facultativo que le atienda.
Esto, defienden desde Salud, está especialmente pensado para personas jóvenes o quienes tienen que hacer trámites sencillos como la renovación de la medicación. Pero para quienes ver a su médico de siempre, subrayan, "hay siempre hueco por urgencias en los centros de salud".
Citas urgentes
Además, los centros de atención primaria han reducido el número de citas que guardan para imprevistos. Antes era de hasta el 50 por ciento del cupo y ahora se reduce al 7 por ciento. Eso libera huecos en las agendas y mejora la satisfacción de los ciudadanos, apuestan en Salud.
El Gobierno andaluz es consciente de que las movilizaciones por la sanidad pública que sufrió el último Ejecutivo del PSOE en la Junta, el de Susana Díaz, hicieron mucho daño en las elecciones de 2018. Los socialistas dejaron caer a su consejero, Aquilino Alonso, tras las masivas manifestaciones sobre todo en Sevilla y Granada contra su gestión del sistema sanitario e iniciativas como la fusión hospitalaria en la capital nazarí.
En San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, no quieren repetir esa historia. De ahí el esfuerzo presupuestario que, reconocen fuentes del Gobierno andaluz, hay comprometidos para la Salud.