La Fiscalía pide reabrir el caso contra Carlos Fabra por ceder un campo de golf a Sergio García

La nueva investigación contra Carlos Fabra por una presunta ocultación de patrimonio puede suponer la reapertura de una vieja causa contra el político del PP. Se trata de la polémica cesión del campo de golf La Coma de Borriol a la familia del golfista profesional Sergio García, impulsada en 2013 por el expresidente de la Diputación de Castellón. 

Así lo ha solicitado la Fiscalía “en virtud de las investigaciones policiales practicadas” en la nueva causa, tal y como consta en el auto del Juzgado de Instrucción 4 de Castellón. En concreto, el juez Jacobo Pin airea en su escrito un préstamo de Victoriano García y María Consuelo Fernández, padres del deportista, a Carlos Fabra. El importe fue de 100.000 euros que el expolítico cobró mediante un cheque el 13 de octubre de 2009, según el auto.

El juzgado requirió a Victoriano y a María Consuelo “acreditar el motivo y documentación justificativa en relación al cheque de 100.000 euros”, y estos le remitieron copia del préstamo y del cheque. Al respecto, el juez advierte de que su devolución no ha sido acreditada.

“En dicho contrato se observa que el plazo de amortización se fijaba en un máximo de seis años, es decir, hasta el 15 de octubre de 2015, no dando cuenta de si el préstamo fue devuelto y en qué forma o, en caso contrario, del motivo que justifica la exención de la devolución si no se ha efectuado reintegro -pese a que el requerimiento incluía dicha petición expresa-”, relata el magistrado.

Dos pagos más

A su vez, el auto se interesa por la transferencia de 30.000 euros por parte de Golf Borriol SL a Borja Fabra, hijo del político. Se trata de la sociedad con la que la familia de Sergio García asumió la instalación deportiva.

Esta firma, administrada por Victoriano García, explicó al juez que el pago de 30.000 euros se realizó para saldar una deuda de la Asociación Deportiva Club de Campo del Mediterráneo -la anterior gestora del campo de golf- que esta tenía con el propio Borja Fabra.

En concreto, la familia de Sergio García la enmarca “en el seno del acuerdo de adjudicación de bienes y créditos en pago de asunción de deudas firmado el 29 de noviembre de 2013” -fecha en la que se produjo la cesión del campo de golf-.

Vista del campo de golf La Coma de Borriol. EE

Por último, el auto investiga también otro pago por parte de Golf Borriol SL, en este caso a favor de Carlos Fabra. El juez, que no precisa en su escrito la cantidad, explica que, según la justificación que dio la empresa, correspondió a “parte del precio de las 24 acciones de la mercantil Pozo Romeral SA”.

Jacobo Pin explica en su auto que todas estas cuestiones “son objeto de las Diligencias Previas número 861/2016” tramitadas por su propio juzgado, “respecto de las cuales el Ministerio Fiscal solicitó su reapertura en virtud de las investigaciones policiales practicadas”. Al tratarse del mismo juzgado y de una petición de la Fiscalía, es muy probable que el caso se reabra.

La cesión del campo

La causa que ahora pide reabrir la Fiscalía investigaba la cesión del campo de golf La Coma de Borriol a la familia del golfista Sergio García. Consistió en un largo contrato de alquiler por un total de 10 años materializado por Golf del Mediterráneo SA, la sociedad propietaria de los activos que presidida por Carlos Fabra.

La investigación estudiaba si esta cesión se produjo en perjuicio de la propia sociedad Golf del Mediterráneo SA, por un precio inferior al del mercado y haciendo uso de mayorías ficticias en la toma de decisiones para favorecer a la familia del deportista, que había comprado previamente los derechos de la deuda del campo de golf.

Por su parte, el nuevo contra Carlos Fabra, tal y como reveló el pasado sábado EL ESPAÑOL, imputa a conocidos empresarios de Castellón como Fernando Roig, presidente de Pamesa y del Villarreal CF; Enrique Gimeno, presidente de Facsa; Daniel Vicente Latorre, administrador de la firma de gestión de residuos Reyval -ahora Intercity Development-; o Luis Enrique Batalla, exadministrador de Becsa. El total de investigados asciende a 27 personas.