Carlos Fabra pagó 134.622 euros a su mujer María Amparo Fernández “como supuestos rendimientos del trabajo” a través de su empresa Asdecas SL, a la que el propio político desvió fondos del Partido Popular. Lo hizo mediante pagos mensuales entre agosto de 2008 y abril de 2013, a una media de 2.400 euros por transferencia durante casi cinco años.
Esta es una de las acusaciones del juez instructor Jacobo Pin en la nueva causa abierta contra el expresidente de la Diputación de Castellón, en la que investiga el origen de los flujos económicos que manejaba el político y una presunta ocultación de patrimonio para no atender a su deuda con Hacienda tras su condena en el Caso Fabra.
“El concepto que acompaña a la operación es el de ‘nómina’, dotando a estos movimientos de una apariencia de legitimidad pese a que dicha mercantil, presuntamente, ha carecido de actividad real”, advierte al respecto el magistrado.
Al respecto, agrega que “María Desamparados Fernández Blanes no figura como dada de alta en la Seguridad Social en el periodo referido”, según el historial laboral de la Seguridad Social que consta en el expediente electrónico de la AEAT correspondiente a Asdecas.
Pese a ello, según un informe de la Delegación Especial de Valencia de la AEAT, “satisfizo rendimientos del trabajo a María Desamparados Fernández Blanes por importe de 179.981 euros, y no por los 134.623 euros observados en la cuenta”.
La UDEF, en otro informe al que se refiere el juez, interpreta que tal cantidad suma los pagos a María Amparo Fernández y también otros 23.112 transferidos al propio Carlos Fabra y 23.000 más que él mismo retiró en efectivo, según el auto.
59.000 euros del PP
Más allá de la irregularidad de fingir una nómina para transferir las cantidades, la gravedad estriba en que Asdecas “tuvo como administrador único durante su periodo de actividad efectivo (29 de octubre de 2007 a 19 de mayo de 2015), a Carlos Fabra Carreras”. Es decir: era una firma del propio Carlos Fabra la que procedió a estos pagos a favor de su esposa.
Además, se da la circunstancia de que en dicho periodo la mercantil registró “ingresos con origen en el Partido Popular de Castellón, por importe de 58.920 euros, desde una cuenta en la que aparecía como autorizado el propio Carlos Fabra Carreras”, según detalla Jacobo Pin. El juez agrega que se pagó a una cuenta personal del político pese a que la factura “fue emitida por la mercantil Asdecas”.
El partido, en cualquier caso, justificó estos pagos mediante tres facturas fechadas el 25 de abril, el 30 de mayo y el 27 de junio de 2012, todas ellas con el mismo concepto: “Trabajos y asesoramiento en temas de seguridad del Partido Popular y de sus miembros”.
Carlos Fabra, a las puertas del juzgado en una imagen de archivo. EE
El auto subraya al respecto que la formación le aportó solo las facturas, “sin que conste documentación alguna acreditativa de tales trabajos y asesoramientos, los cuales, por otra parte, no guardan relación con el objeto social de Asdecas SL”. Su objeto social oficial consistía en ofrecer “servicios de gestión administrativa y asesoramiento jurídico, fiscal, laboral, tributario, contable y urbanístico”.
A modo de resumen, el auto explica que “la práctica totalidad de los fondos aportados a la mercantil (el 99,71%) fueron aportaciones de efectivo de Carlos Fabra Carreras”, a través de sus cuentas personales, de su hijo Borja Fabra y la del partido.
“Y estos fondos acabaron revertiendo en el propio Carlos Fabra Carreras mediante transferencia o efectivo, justificándolos a efectos tributarios como supuestos rendimientos del trabajo de María Desamparados Fernández Blanes”, asevera el juez.
Posteriormente, en agosto de 2014, Carlos Fabra computó todos estos ingresos -también los procedentes del PP- “como integrantes de un crédito que él mismo concedió a la mercantil Asdecas SL”.
Otras dos “nóminas”
Cabe subrayar que en el auto también se le atribuye a María Amparo Fernández el cobro de “nóminas” por parte de otras dos firmas de su familia investigadas en la nueva causa. Una de ellas es Camarcas SL, sociedad controlada por su hija Claudia Fabra Fernández. De esta percibió 24.658 euros entre febrero de 2007 y julio de 2008, periodo en el que la beneficiaria estaba dada de alta en la Seguridad Social por parte de la empresa.
A su vez, percibió 12.050 euros “como nómina y transferencias” de la mercantil Sipcas SL, controlada por su hijo. Preguntado al respecto en su declaración judicial, el propio Borja Fabra Fernández justificó estos pagos confesando otro posible delito.
“Cuando su madre fue a pedir la jubilación le faltaban unos meses, y el declarante la contrató en su empresa para completar el tiempo que le faltaba para poder percibir luego la jubilación”, expone el juez en el auto.
El nuevo caso contra Carlos Fabra, tal y como reveló el pasado sábado EL ESPAÑOL, imputa a conocidos empresarios de Castellón como Fernando Roig, presidente de Pamesa y del Villarreal CF; Enrique Gimeno, presidente de Facsa; Daniel Vicente Latorre, administrador de la firma de gestión de residuos Reyval -ahora Intercity Development-; o Luis Enrique Batalla, exadministrador de Becsa. El total de investigados asciende a 27 personas.