Carlos Fabra destinó alrededor de un millón de euros de la Diputación de Castellón a organizar torneos en el Campo de Golf La Coma, del que él mismo era el presidente. Se trata de la cantidad recopilada por el PSPV de la provincia tras conocer que el Juzgado de Instrucción 4 ha reabierto la causa que investiga la gestión del dirigente del PP al frente de la instalación deportiva.
En el marco de esta investigación, los socialistas consideran relevante analizar los flujos de capital que partieron de la administración pública en beneficio de la instalación deportiva antes de su cesión en 2013 a la familia del golfista Sergio García. Fueron alrededor de 300.000 euros anuales para la celebración del Masters de Golf en el lugar entre los años 2008 y 2011. Y justo en ese periodo el juez del caso, Jacobo Pin, ha detectado pagos a Fabra por parte del entorno del deportista.
Como informó EL ESPAÑOL, el Juzgado de Instrucción 4 de Castellón ha reabierto la causa a petición de la Fiscalía. Fue el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) quien confirmó que el magistrado retomó el pasado mes de noviembre las diligencias previas 861/2016 “tras el análisis de una serie de operaciones efectuado por la UDEF en un informe presentado en el marco de la otra causa, las diligencias previas 935/2017”.
La causa original por la cesión de las instalaciones partió de una denuncia por delitos societarios interpuesta por dos socios y liquidadores solidarios de Golf del Mediterráneo SA -la firma propietaria del campo- contra nueve miembros del consejo de administración de esa mercantil, entre ellos Carlos Fabra, y la sociedad Golf Borriol SL -la administrada por Victoriano García, padre del golfista, que se quedó la instalación-.
“Los denunciantes referían acuerdos lesivos adoptados por mayorías ficticias en Golf del Mediterráneo SA que habrían permitido a Golf Borriol SL apropiarse de unos terrenos valorados en 9,6 millones de euros, aproximadamente, por solo 425.000 euros”, explicó el TSJCV. La cantidad desembolsada, según este análisis, equivale a tan solo el 4,4% del valor de los activos. A su vez la familia de Sergio García había asumido la deuda de la propietaria original, de alrededor de 3,5 millones de euros.
La reapertura
El Juzgado acordó el sobreseimiento de la causa en mayo de 2017, decisión que fue confirmada en noviembre de ese mismo año por la Sección Primera de la Audiencia de Castellón. Lo hizo “al no apreciar de las diligencias de instrucción practicadas indicios de la comisión de los delitos denunciados, decisiones abusivas o perjudiciales para Golf del Mediterráneo SA, ni que los acuerdos del consejo se adoptaran por medios o procedimientos ilícitos mediante mayorías ficticias”.
Pero el juez instructor ha decidido reabrir la causa “con un plazo de investigación inicial de 12 meses para la práctica de diligencias de investigación solicitadas por la UDEF relativas a diferentes cuentas bancarias, participaciones sociales en sociedades y transferencias de dinero”.
En concreto, según desliza el propio magistrado en el auto de la nueva causa contra Carlos Fabra, en 2009 se produjo un préstamo de Victoriano García y María Consuelo Fernández, padres del deportista, al conocido político de Castellón. El importe fue de 100.000 euros que el dirigente cobró mediante un cheque el 13 de octubre de ese año, según el auto.
El juzgado requirió a Victoriano y a María Consuelo “acreditar el motivo y documentación justificativa en relación al cheque de 100.000 euros”, y estos le remitieron copia del préstamo y del cheque. Al respecto, el juez advierte de que su devolución no ha sido acreditada.
“En dicho contrato se observa que el plazo de amortización se fijaba en un máximo de seis años, es decir, hasta el 15 de octubre de 2015, no dando cuenta de si el préstamo fue devuelto y en qué forma o, en caso contrario, del motivo que justifica la exención de la devolución si no se ha efectuado reintegro -pese a que el requerimiento incluía dicha petición expresa-”, relata el magistrado.
Carlos Fabra, en una imagen de archivo.
A su vez, el auto se interesa por la transferencia de 30.000 euros por parte de Golf Borriol SL a Borja Fabra, hijo del político. Se trata de la sociedad con la que la familia de Sergio García asumió la instalación deportiva.
Esta firma, administrada por Victoriano García, explicó al juez que el pago de 30.000 euros se realizó para saldar una deuda de la Asociación Deportiva Club de Campo del Mediterráneo -la anterior gestora del campo de golf- que esta tenía con el propio Borja Fabra.
En concreto, la familia de Sergio García la enmarca “en el seno del acuerdo de adjudicación de bienes y créditos en pago de asunción de deudas firmado el 29 de noviembre de 2013” -fecha en la que se produjo la cesión del campo de golf-.
Por último, el auto investiga también otro pago por parte de Golf Borriol SL, en este caso a favor de Carlos Fabra. El juez, que no precisa en su escrito la cantidad, explica que, según la justificación que dio la empresa, correspondió a “parte del precio de las 24 acciones de la mercantil Pozo Romeral SA”.
Más allá de todos estos movimientos de capital entre la familia de Sergio García y Carlos Fabra, el PSPV de la provincia de Castellón considera importante analizar las aportaciones de la Diputación de Castellón durante ese mismo periodo.
Por ello, este mismo lunes la formación anunció que se personará como acusación popular en la nueva causa contra el político del PP. Además, presentarán una batería de preguntas parlamentarias en Les Corts Valencianes para conocer las aportaciones de la Generalitat a la instalación deportiva.