La exhaustiva investigación contra el hermano de Ximo Puig por repartirse contratos públicos la lideró un departamento de Compromís, socio de gobierno del presidente socialista. Así queda acreditado en la resolución de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana, que atribuye en todo momento el éxito del expediente a “la instrucción realizada por la Subsecretaría de la Conselleria de Economía Sostenible”.
El subsecretario en cuestión no es otro que Natxo Costa. Se trata de uno de los altos cargos más aguerridos del segundo escalón de Compromís. La pasada legislatura fue director general de Comercio, área en la que defendió con uñas y dientes los postulados de su partido frente a los socialistas. Fue célebre su enfrentamiento con la secretaria autonómica María José Mira, que acabó siendo reubicada en la consejería de Hacienda.
El presente mandato auguraba un rol más discreto para Costa, pues la subsecretaría es un puesto de un perfil más técnico. Pero la Comisión de Defensa de la Competencia pende justo de su área, y tal circunstancia lo ha situado de nuevo en el foco mediático. Correspondió a su departamento, nada más y nada menos, la instrucción del expediente al hermano del presidente valenciano. À Punt alertó de un posible pacto de precios entre productoras -incluida la de Francis Puig- para repartirse contratos de la televisión pública valenciana. Y la investigación del área de Compromís no defraudó.
“Los funcionarios han actuado con total independencia”, subrayó este martes la propia subsecretaría preguntada al respecto por EL ESPAÑOL. El departamento recuerda que el organismo autonómico depende realmente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y que está adscrito a la mencionada Conselleria de Economía “por carecer en la Comunidad Valenciana de la estructura suficiente para desempeñar su labor de vigilancia”.
Tal circunstancia, en efecto, era conocida. Pero el contenido del informe revela que el área de Compromís jugó un rol crucial en la investigación, hasta el punto que fue quien abanderó el expediente que impone una sanción de 16.801 euros a Comunicacions dels Ports SA, la productora de Francis Puig.
El único aspecto en el que la Subsecretaría pareció alinearse con los intereses de Francis Puig fue en su negativa a facilitar todo el expediente a Eva Ortiz, diputada del PP. No obstante, ahora deberá proporcionarlo de forma obligatoria tras ser condenada a ello por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Este martes la propia Ortiz advertía de que, cuando tenga acceso, ampliará su denuncia en el juzgado contra el hermano del presidente.
"Conforme con la Subsecretaría"
El expediente del regulador se hace eco en todo momento del trabajo realizado por la consejería de Compromís: “La Subsecretaría ha propuesto a esta Comisión que sancione a las empresas imputadas por la comisión de una infracción muy grave del artículo 1 de la LDC, consistente en un reparto de los lotes 1, 2 y 3 de la licitación para la contratación del servicio de recursos audiovisuales”, expone la resolución. “La Subsecretaría considera que las conductas entran en la categoría de cártel”, agrega a continuación.
“Esta Comisión se muestra conforme con la valoración jurídica de los hechos realizada por la Subsecretaría en su propuesta de resolución”, subraya finalmente el informe, que sanciona a las promotoras a partir de dos grandes evidencias, tal y como recogió este diario el pasado lunes.
Las productoras dejaron rastro de su pacto de precios “en el grupo de whatsapp llamado ESAP”, según la resolución. Los mensajes fueron requisados por el organismo al inspeccionar las instalaciones de las también sancionadas Kriol Produccions y Canal Maestrat, ambas de los hermanos Adell Bover. “Una pregunta ¿vais a rebajar mucho el importe? para los lotes de 25.000 euros lo veo muy justo”, escribió uno de los participantes sobre las licitaciones de la radiotelevisión pública valenciana.
Al margen de los mensajes de whatsapp, la Comisión de Defensa de la Competencia fundamenta su sanción en la tabla de precios resultante de las pujas de cada una de las productoras en las licitaciones de tres corresponsalías de la provincia de Castellón.
De dicha tabla extrae dos conclusiones: “que las cuatro empresas incoadas utilizaron cuatro tipos o modelos de ofertas, con precios idénticos en los cuatro conceptos, que se repiten de forma coordinada en los distintos lotes a los que concurrieron”, por un lado. Por otro, subraya que “la utilización coordinada de estos cuatro tipos o modelos de oferta responde a un sistema de reparto, por el que Comunicacions, Canal, Kriol y Visualiza rotan en las posiciones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª en los Lotes 1, 2 y 3”.
Francis Puig, en una imagen de su televisión. NORD TELEVISIÓ
Francis se defiende
La productora de Francis Puig emitió este martes un comunicado en el que rechazó de plano los hechos sancionados: “Comunicacions dels Ports SA niega que se haya vulnerado la normativa de defensa de la competencia”, afirmó, y agregó sobre los mensajes de whatsapp que, “en la instrucción del procedimiento para acreditar una supuesta vulneración de la competencia, se ha querido fabular un relato para dar verosimilitud a la versión de la misma”.
“Existen conversaciones manipuladas y sacadas de contexto. Si se observa bien la documentación distan de más de un mes entre ellas”, subrayó la productora, que añadió que “en ninguna conversación, como se puede observar, Comunicacions dels Ports SA ha participado en la preparación de armonización de precios de la licitación”.
“Las conversaciones en las que aparece el consejero delegado de Comunicacions dels Ports, con el administrador de Canal Maestrat u otras empresas se enmarcan en el ámbito de colaboración de medios de comunicación locales, sin tener nada que ver con el concurso de corresponsalías de À Punt”, defiende.
Sobre los precios idénticos que alternan las distintas firmas para ganar cada una un lote se defiende con el siguiente argumento: “La coincidencia exacta de precios en diferentes lotes evidencia que Comunicacions dels Ports SA no pactó ningún precio con ninguna otra empresa. De haber querido pactar precios con otras empresas y vulnerar la libre competencia es evidente que no se hubieran ofertado precios exactos hasta el céntimo”.
"Posible baja temeraria"
“De hecho, al percatarse Comunicacions dels Ports SA de la coincidencia de precios en diferentes lotes con otras empresas licitadoras y de las consecuencias derivadas que podía tener, retiró la oferta con anterioridad a la adjudicación”, añade la firma que, como el resto de las sancionadas, no se hizo finalmente con el contrato.
En esta línea, la empresa agrega que “en ningún caso la licitación de Comunicacions dels Ports SA ha causado perjuicio alguno a la administración o en este caso a la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació”. “Cabe recordar que Comunicacions dels Ports SA fue requerida por el órgano de contratación para justificar una posible baja temeraria”.
La firma de Francis Puig anunció además que “va a recurrir la resolución del expediente” mediante la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la misma. Y a esta misma cuestión se refirió este mismo martes su hermano Ximo Puig. “Hay empresas que, en un momento determinado, tienen algún tipo de sanción, como es el caso, y esa empresa puede aceptarla o recurrirla”, manifestó el presidente de la Generalitat.
“Lo que corresponde es que continúe ese procedimiento y que aquellos que sean responsables rindan cuentas si es el caso”, agregó el socialista. Puig rechazó responder a esta polémica en el parlamento valenciano al considerar que “no le afecta para nada”.