El hospital de campaña de la ciudad de Valencia, marcado por la polémica de los sobrecostes de su montaje junto al Hospital La Fe, fue desalojado este domingo. Según explicó este lunes en el parlamento valenciano la consejera de Sanidad, Ana Barceló, la Generalitat tomó la decisión de trasladar a los 20 pacientes de Covid-19 allí presentes “por si el fuerte viento pudiera generar alguna situación incómoda y de no confortabilidad”.
“No se ha volado ningún hospital”, replicó con vehemencia a las duras críticas de la oposición en Les Corts Valencianes, donde compareció ante la Comisión Permanente para exponer la situación en la que se encuentra la autonomía ante la expansión de la pandemia.
En estos momentos los pacientes leves de Covid-19 se encuentran realojados en las antiguas instalaciones del Hospital La Fe, en el barrio de Campanar. La intención del Gobierno valenciano es llevarlos de nuevo al hospital de campaña. “Volverán cuando la situación desaparezca”, subrayó.
Frente a la apuesta de autonomías como Madrid, que optaron por habilitar camas en Ifema o por la construcción del Hospital Isabel Zendal, la Comunidad Valenciana fue de las que prefirió levantar instalaciones provisionales, a modo de carpas, anexas a los principales hospitales de sus tres provincias. El Gobierno de Ximo Puig descartó hacer uso de grandes espacios vacíos de la comunidad autónoma como Feria Valencia.
Esta opción la defiende un buen número de profesionales sanitarios. Su principal punto a favor es que la gestión depende de hospitales con dilatada experiencia en la atención de grandes números de pacientes. Se trata de una ampliación de camas en el exterior a la que se destinan los casos leves para, en la infraestructura principal, albergar a los de mayor gravedad. El total previsto era de 1.100 camas adicionales entre los tres hospitales de campaña valencianos.
Deficiencias
Pero el sistema también presenta aspectos en contra. El principal, la fragilidad de su estructura. En el caso del hospital de campaña de La Fe un informe de prevención de riesgos laborales alertó el pasado mes de noviembre de que no se trataba de una infraestructura con los niveles mínimos de confort exigibles para acoger a pacientes. Fue el PP quien aireó este informe y pidió al Gobierno que no se utilizara el hospital.
La Conselleria de Sanidad aseveró que tales deficiencias habían sido subsanadas y procedió a su apertura la semana pasada, como también hizo un día antes en Alicante y un par de días después en Castellón. Pero solo seis días después de acoger a los primeros pacientes -en la primera ola de la pandemia no llegó a utilizarse- ha sido la propia Generalitat Valenciana la que ha optado por desalojarlo.
Más allá de su resistencia al viento, los hospitales de campaña de la Comunidad Valenciana fueron objeto de un agrio desencuentro entre el Gobierno autonómico y la adjudicataria de su construcción. El contrato con la mercantil Idat (en las que participan las sociedades Hispano Vema y Bellcomm) fijó un precio de 4,8 millones de euros.
Lo licitó el área de Emergencias, pero la Conselleria de Sanidad solicitó importantes mejoras que, según la empresa, encarecieron el coste en alrededor de 2,5 millones, más de un 50%. Al tratarse de un sobrecoste superior al permitido por la ley está por ver si la compañía podrá percibir la totalidad de la inversión realizada.