La Fiscalía pide inhabilitar a la firma que sirve el agua a Castellón desde 1873 por sobornar a Carlos Fabra

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena llamativa en el nuevo caso contra Carlos Fabra. Se trata de la inhabilitación durante un año para contratar con el sector público de la sociedad Fomento Agrícola Castellonense SA (Facsa), la compañía de referencia en la gestión del ciclo integral del agua de Castellón. La firma es la responsable del servicio en la ciudad desde hace cerca de 150 años. En concreto, desde 1873, según presume en su web corporativa.

El Ministerio Público solicita este castigo por un presunto delito de cohecho. En la misma línea, pide una pena de 9 meses de cárcel para Enrique Gimeno, presidente de la compañía. Se trata de una de las más bajas que solicita el fiscal -para el expresidente de la Diputación de Castellón pide 12 años de prisión-. Pero cabe recordar que Gimeno cuenta con antecedentes penales. Fue condenado a 1 año y 9 meses de cárcel en el caso Gürtel por tres delitos electorales y uno de falsedad -pena que fue conmutada por una multa de 154.500 euros-.

El empresario está procesado en esta nueva causa contra Fabra por un aval de 1,25 millones a favor del político, por el que acabó abonando una deuda de algo más de 800.000 euros del dirigente del PP. Jacobo Pin, magistrado del Juzgado de Instrucción 4 de Castellón, sospecha que este respaldo financiero pudo responder a “una contraprestación por los contratos suscritos entre la mercantil y la Diputación de Castellón u otras entidades locales”. Todo, tras “una presunta labor de intermediación de Carlos Fabra”.

El contrato para la gestión del agua en la ciudad de Castellón es, precisamente, una de las polémicas de la ciudad. En la actualidad Facsa disfruta de un contrato vigente desde 1983, que mantiene gracias a periódicas prórrogas cada cinco años. El pasado mes de marzo Podem-EUPV -una de las tres formaciones del gobierno local- propuso la remunicipalización de este servicio público.

El longevo contrato solo contempla su interrupción si se denuncia al menos dos años antes de cada prórroga, y la intención de Fernando Navarro, concejal de la formación morada, era denunciarlo en el presente 2021 para que concluyera en 2023, fecha en la que cumplirá 40 años. Pero solo Compromís respaldó en el pleno la Propuesta de Podem-EUPV. El PSPV-PSOE se opuso junto a la oposición.

Está por ver si la pena que propone el fiscal -en caso de que llegara una hipotética condena- impediría o no a Facsa la prórroga de este u otro de sus numerosos contratos en la provincia de Castellón, ya que se trata de un solo año de inhabilitación.

18 millones en multas

Como reveló este viernes EL ESPAÑOL, el fiscal, además de elevadas penas de hasta 12 años de cárcel, pide multas que suman 18 millones de euros para la familia de Fabra por un presunto delito de blanqueo de capitales. También la devolución de un millón de euros que todavía debe a la Agencia Tributaria el político del PP, según precisan a EL ESPAÑOL fuentes de la investigación.

En concreto, el Ministerio Público plantea multas individuales de 3 millones de euros para seis personas: el expresidente de la Diputación de Castellón, su mujer, dos de sus hijos, su yerno y uno de sus estrechos colaboradores. Todos ellos, a su vez, deberían hacer frente de forma "conjunta y solidaria" a la devolución del millón pendiente, según propone Anticorrupción.

Tanto la Fiscalía como el magistrado defienden que el político, con la colaboración de su familia y de empresarios, ocultó su patrimonio ante la Justicia y la Administración Tributaria para impedir la ejecución de su condena por delitos fiscales del 'Caso Fabra'. A su vez, sostienen que percibió sobornos y que blanqueó dinero.

En concreto, habría manejado al margen de la legalidad cerca de 29 millones de euros (26 en cuentas bancarias y 2,7 en metálico). Por este último delito, el de blanqueo de capitales, es por el que la Fiscalía solicita las seis multas de 3 millones de euros.