El gerente del PP relata al juez el pago de 59.000 € a Carlos Fabra: "Dio la orden el partido en Valencia"

La cifra es una más de la infinidad de cantidades recabadas por Carlos Fabra cuando se vio en apuros por la reclamación y multa de su condena por el denominado Caso Fabra. La Justicia dirime su fueron préstamos legales o donaciones encubiertas a cambio de favores. En este caso, la peculiaridad radica en que procede de un partido político, financiado con fondos públicos -no de familiares o empresarios amigos-.

¿Era esta una dinámica habitual?, preguntó el juez al exgerente del PP provincial. "No, no es normal esa dinámica. De Valencia yo recibía poco dinero. Fue una cosa extraordinaria", reconoció. Y tanto que lo fue. Hasta el punto que Carlos Fabra, junto a Carot, era uno de los tres únicos apoderados con firma bancaria en el partido. Y fue también quien firmó el recibí de dos de las transferencias por las que los mencionados 59.000 euros pasaron de la formación a su mercantil. 

¿Usted sabía que la mercantil Asdecas era de Carlos Fabra?, requirió el magistrado. "En un principio no, pero después vi las firmas y me firmó él el recibí", respondió el exgerente. "Me llamó la atención, claro que me llamó la atención", añadió.

Tal y como informó este periódico, la mercantil registró "ingresos con origen en el Partido Popular de Castellón, por importe de 58.920 euros, desde una cuenta en la que aparecía como autorizado el propio Carlos Fabra Carreras". Así consta en los autos del juez, en el que Pin agrega que se abonaron a una cuenta personal del político, no a la de la empresa.

El PP justificó estos pagos mediante tres facturas fechadas el 25 de abril, el 30 de mayo y el 27 de junio de 2012, todas ellas con el mismo concepto: "Trabajos y asesoramiento en temas de seguridad del Partido Popular y de sus miembros".

Los investigadores afean que se realizaron los pagos "sin que conste documentación alguna acreditativa de tales trabajos y asesoramientos, los cuales, por otra parte, no guardan relación con el objeto social de Asdecas SL". Su epígrafe mercantil, por contra, es el de los "servicios de gestión administrativa y asesoramiento jurídico, fiscal, laboral, tributario, contable y urbanístico".

El exgerente se desmarcó de la responsabilidad de comprobar si los trabajos abonados se habían realizado o no. Explicó ante el juez que eso debió contrastarlo el PP de Valencia, que fue quien pagó. "Yo los doy por buenos cuando el que me remite el dinero me dice que son para pagar esos gastos, unos gastos que, supongo yo, él o ella había autorizado", precisó.

Carlos Fabra, en una imagen de archivo. EE

¿Y quién lo ordenó? "Mi compañera en Valencia, la gerente, Cristina Ibáñez", señaló Carot. La mujer, en efecto, era la gerente del partido a nivel autonómico. Fue, de hecho, condenada en el caso Gürtel. Llegó a un acuerdo que le permitió esquivar la cárcel, si bien pagó una multa y reconoció los hechos que se le imputaban en esta causa.

A nivel autonómico, el máximo responsable del PP en el momento de los tres pagos era el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra. Pese a su apellido y su procedencia, el también exalcalde de Castellón no guarda ningún parentesco con el expresidente de la diputación.

El pago de los mencionados 59.000 euros se enmarca en la nueva causa abierta contra Carlos Fabra. El Juzgado de Instrucción 4 de Castellón abrió un nuevo juicio oral contra el dirigente y otros nueve investigados (entre los que se encuentran su familia directa y los empresarios Fernando Roig y Enrique Gimeno) por la supuesta ocultación del patrimonio del expresidente de la Diputación de Castellón para impedir la ejecución de su condena por delitos fiscales del 'Caso Fabra'.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado aprecian "la comisión de delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y cohecho".

Los investigadores sostienen que el exdirigente del PP manejó de forma irregular cerca de 29 millones de euros (26 en cuentas bancarias y 2,7 en metálico). La Fiscalía Anticorrupción solicita por estos delitos penas de hasta 12 años de cárcel para los imputados en la causa, así como multas que suman 18 millones de euros para la familia de Fabra. También les impone "una fianza conjunta y solidaria por importe de 1.375.276 euros".