Las elecciones autonómicas valencianas, en condiciones normales, deberían ser en mayo de 2023. Restan todavía 19 meses para esa fecha, pero el ambiente electoral es cada vez más intenso en la autonomía. Fue el entorno del presidente valenciano, Ximo Puig, quien especuló inicialmente sobre la conveniencia de adelantar los comicios. Después fue el PP quien pasó a la ofensiva para reclamar dicho anticipo. Y ahora es de nuevo Presidencia quien alimenta esta posibilidad con la sorprendente creación de una "Jefatura de Servicio de Procesos Electorales".
Así lo recogió el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 28 de septiembre. "Se crea una nueva Jefatura de Servicio de Procesos Electorales, dependiente de la Subdirección General de Ordenación", explicó el Gobierno autonómico, tal y como informó Levante-EMV. "La actual estructura se ha mostrado insuficiente para el adecuado desarrollo de las competencias que ostenta la Conselleria de Justicia en materia electoral, siendo necesario su reforzamiento dada la especial naturaleza, grado de responsabilidad e importancia que implica la gestión de dicha materia", agregó.
¿Y por qué se crea justo ahora, cuando suena con mayor estruendo la posibilidad del adelanto en la Comunidad Valenciana? La Conselleria de Justicia, preguntada al respecto por EL ESPAÑOL, argumenta que ha aprovechado la reorganización de otras dos áreas del departamento para aprobar este cambio, que "estaba pendiente".
Según expone esta área de la Generalitat Valenciana, dirigida por la también socialista Gabriela Bravo, en 2019, con el adelanto electoral de un mes que realizó Ximo Puig al interpretar que le beneficiaba más coincidir con las Generales de Pedro Sánchez que con las locales que tuvieron lugar poco después, el Gobierno valenciano constató que la estructura existente era "insuficiente", al producirse por primera vez sin los comicios municipales.
Fuentes consultadas por este periódico tanto de la oposición como de Compromís y Unides Podem-EUPV, los socios de gobierno de Ximo Puig, desconfían de tal argumentación. En primer lugar, porque no se celebraron por separado, sino junto a las elecciones generales. Y en segundo, porque la modificación de esta estructura coincide de lleno con el rumor de que el presidente Puig quiere adelantar la cita con las urnas. "Interpretamos que se está preparando para tener esa opción", apuntan.
"Adecuación necesaria"
Justicia, en cambio, insiste en que se trata de una "adecuación necesaria se adelanten o no se adelanten las elecciones". En esta línea, explican que el equipo de funcionarios que asumía la organización de las elecciones lo hacía de forma temporal cuando se acercaban las citas con las urnas, pero que, en adelante, la Generalitat prefiere contar con un equipo especializado en esta labor que se dedique a la misma de forma continua.
Los rumores de adelanto electoral en la Comunidad Valenciana se producen por la suma de varios factores: la cada vez más tensa relación entre los Socialistas y Compromís, su principal socio de coalición; la descomposición tendencia a la baja de Podemos, su otro aliado de Gobierno; y la reordenación del PP en la región. Tal circunstancia, unida a que en los próximos meses Puig podría disfrutar de un escenario amable con la salida de la pandemia y la llegada de los ingentes fondos europeos para combatirla, dibujan para el socialista en estos momentos un mejor panorama en 2022 para celebrar los comicios que en 2023.
Ante tal posibilidad, el PP está haciendo de la necesidad, virtud. El recién elegido presidente del PPCV y virtual candidato para los comicios, Carlos Mazón, es el presidente de la Diputación de Alicante, pero carece de escaño y de protagonismo en el parlamento valenciano. Ello le ha llevado a pasar a la ofensiva en busca de visibilidad con iniciativas como desplegar una campaña de propaganda con su imagen en vallas publicitarias, como si los comicios estuvieran a la vuelta de la esquina.
Además, el PP ha presentado también su propuesta fiscal, como si ya se tratase de su programa electoral. Consiste en "una bajada de todos los impuestos", que persigue lograr que en la Comunidad Valenciana las rentas bajas paguen el menor IRPF de España y en la supresión de tributos como Patrimonio, Sucesiones y Donaciones.