Benjamín Pérez, director General de Medio Natural de la Generalitat Valenciana, dimitió este martes de su cargo. Lo hizo tras la muerte de una decena de los cincuenta burros utilizados por el Gobierno valenciano para prevenir los incendios en el parque natural del Desert de les Palmes, en Castellón. Fue la consellera de Agricultura y Medio Ambente, Mireia Mollà (Compromís) quien anunció el cese del dirigente de su mismo partido tras reconocer negligencias por parte del Ejecutivo autonómico en el control de los animales.
El programa comenzó el pasado mes de septiembre. Consistió en la suelta de medio centenar de ejemplares (46 adultos y 4 crías) en los alrededores de la ermita de Les Santes Cabanes para que limpiaran el monte de forma natural. Pero solo dos meses más tarde, la propia administración daba por concluido el mismo. Indicó, sin reconocer que habían muerto animales, que la iniciativa no estaba funcionando.
Fue el grupo ecologísta Gecen, en declaraciones a Radio Castellón, quien reveló el desenlace fatal de varios burros. La causa concreta de la muerte, sin embargo, es todavía una incógnita. El aspecto desnutrido de alguno de ellos lleva a pensar que pudieron morir de hambre, pero el ganadero de los mismos también deslizó la posibilidad de que sufrieran un ataque.
La Generalitat Valenciana, tras considerar inicialmente este asunto un tema menor y señalar al ganadero como el responsable el estado de los burros, se cobra ahora una pieza política con la dimisión del director General de Medio Natural, que asume en exclusiva lo ocurrido a nivel político.
Mollà, en la rueda de prensa en la que abordó esta cuestión, expuso que su departamento ha practicado un expediente informativo que derivará en una denuncia ante la Guardia Civil. El mismo ha concluido que el cuidado de los burros no se realizó con la "diligencia que corresponde". Tampoco hubo una "tutela adecuada" de la administración pública, por lo que debían asumirse "responsabilidades administrativas y políticas".
"Acción humana"
La responsabilidad política consiste, al menos hasta la fecha, en la dimisión de Benjamín Pérez. Por lo que respecta a la administrativa, está por determinar, pero podría afectar al director del parque natural, Antonio García, y a otros escalafones de la administración. También prevén medidas contra el ganadero propietario de la finca. El acuerdo con este contemplaba que "el propietario se encargaría de la gestión de los animales y la dirección del parque natural le ayudará en el vallado eléctrico, con los abrevaderos, etc.".
La consellera avanzó además que las primeras conclusiones de la investigación apuntan a "indicios" de que "una acción humana" ha podido intervenir en la muerte de los animales. Como ejemplo, expuso que se ha cortado varias veces la valla que los cercaba. También que hubo una "amenaza de muerte" a burros de otra finca próxima.
La investigación practicada concluye que los animales presentaban estrés, pérdida de peso e incluso mordiscos. También que el corte del llamado "pastor eléctrico" que delimitaba la zona provocó su dispersión. Incluso algunos se despeñaron en zonas en las que resulta imposible la retirada de sus cadáveres.
La dirigente relató todas las acciones realizadas por su departamento desde que tuvo constancia del problema "a través de un tuit" el pasado 13 de octubre. La publicación mostraba la foto de un burro desnutrido que, sin embargo, "no formaba parte del grupo de prevención de incendios", según Mollà.
Restos de uno de los burros fallecidos en el Desert de les Palmes.
No fue hasta el 22 de septiembre cuando el director del parque natural envió la primera comunicación a la jefa de servicio la Dirección General de Medio Natural, según la dirigente de Compromís. Esta comunicación se produjo cuando ya había 8 ejemplares muertos y sin denunciar lo ocurrido ante la Guardia Civil. "La información no se trasladó a ningún órgano superior", lamentó la consellera.
Dos semanas después, el 8 de octubre, el director del Desert de les Palmes volvió a enviar una segunda comunicación a la jefa de servicio y al director general, en la que exponía que tras la muerte de una decena de burros, se ponía fin a la experiencia. "Pero tampoco se trasladó la información a ningún órgano superior", denunció la mandataria.
La Conselleria de Agricultura pidió un informe al director del parque que llegó el 18 de octubre, y el día 20 inició el mencionado expediente informativo y dio orden a los veterinarios de la Universidad CEU Cardenal Herrera para comprobar el estado de los animales. Fueron estos profesionales quienes constataron los "multifactores" en su cuadro de estrés, los mordiscos y la pérdida de peso.
El estrés podría deberse al "acoso". La "dispersión", al haberse cortado la valla, a "comer alguna hierba en mal estado" y a "elementos humanos", aunque hasta que no llegue el resultado de los análisis no se podrán precisar todas estas cuestiones con exactitud.